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¿Quién financia las campañas políticas de los partidos tradicionales?

Hace unos días el servel comenzó a entregar los primeros informes de donaciones para campañas políticas. Hasta ahora tanto en constituyentes como en ediles, concejales o gobernadores la nómina es liderada por los políticos de los 30 años quienes en solo días ya han recibido millones de pesos por parte de empresarios y familiares de importantes figuras de la política nacional.

Antonio Paez

Dirigente Sindicato Starbucks Coffe Chile

Miércoles 17 de febrero | 07:32

FOTO: PULSO

Luego de los escándalos de corrupción que estallaron en los casos PENTA y SQM el financiamiento de la política tuvo un giro a la “transparencia” para conocer quienes entregan los dineros que les permite a las y los candidatos hacer campaña.

Por eso a inicios de esta semana el servel entregó un primer informe de donaciones para campañas políticas en el marco de las próximas elecciones del mes de abril. Hasta ahora $444.549.091 han sido entregados para las candidaturas a constituyentes, poco más de 100 millones para ediles y 8.7 millones en el caso de los gobernadores, obviamente estos montos no son más que lo donado en una semana.

¿Quiénes lideran las donaciones y a quién?

Hasta ahora la familia Piñera ha sido una asidua donadora de recursos para las candidaturas de la derecha, así el hermano del presidente Pablo Piñera aportó 1 millón de pesos a las campañas de Jorge Correa Sutil, Mariana Aylwin y René Cortázar (quien lidera el ranking con más de $36 millones). A estas donaciones se sumaron montos más pequeños para Elisa Walker, Marcela Cubillos y Gonzalo Blumel, a quien también le aportó Cecilia Piñera, hija de Sebastían Piñera.

Otro de los principales aportantes a las campañas se encuentra la multimillonaria Lucy Ana Avilés quien ha distribuido 14 millones de pesos entre 14 candidaturas de la derecha (Henry Boys, Erika Muñoz, Bernardo Fontaine, Marcela Cubillos, Francisco Orrego, entre otros.)

El empresario Eliodoro Matte, expresidente de las empresas CMPC y del CEP, repartió 4 millones entre Juan José Ossa, Sylvia Eyzaguirre, Hernán Larrín Matte y a Luis Mayol.

Todos estos aportes, sumados a decenas de aportes más pequeños a los herederos de los políticos de los 30 años, buscan perpetuar candidaturas que defienden el actual modelo o buscan generar pequeñas reformas que no afecten los pilares que dejó la dictadura. En el caso de los ediles y gobernadores, si bien los montos son más reducidos, debido a que el número de postulantes es menor, la dinámica es similar.

Necesitamos candidaturas independientes de los empresarios y políticos de los 30 años.

Mientras las candidaturas tradicionales esperan concentran el mayor porcentaje de aportes, las pequeñas candidaturas como las que estamos levantando del PTR no esperamos recibir ningún peso de los empresarios. Apostamos a levantar campañas militantes con el objetivo de denunciar el vínculo que ha existido históricamente entre los sectores del empresariado y los añejos partidos tanto de la derecha como de la ex Concertación.

Hace unos años fuimos testigos de como el financiamiento irregular de campañas políticas, y los acuerdos con empresas como Penta y SQM estalló en la superestructura política, generando el descredito del conjunto del régimen y sus partidos herederos del legado de la dictadura.

Desde el Partido de los Trabajadores Revolucionarios (PTR) y nuestra lista de candidaturas revolucionarias somos conscientes que esta relación entre empresarios y partidos, sólo puede ir en contra de los intereses reales de la clase trabajadora y sectores populares que hoy exigen todos los derechos que les han cercenado durante estos 30 años de "democracia pactada".

Sólo la independencia política de los empresarios y sus intereses, nos permite mostrarnos claros y consecuentes ante el pueblo trabajador que se encuentra cansado de los mismos partidos de siempre, y hoy se interesa por nuevas alternativas que reivindican la organización y lucha en las calles para enfrentar los ataques de los empresarios y sus leyes, en perspectiva de un gobierno de las y los trabajadores.






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