Comienza el año con incremento de la violencia contra las mujeres y crimen de odio lésbico en Ciudad Juárez
En lo que va del año, en Ciudad Juárez van asesinadas 10 mujeres, todas con claras señas de tortura, golpes y disparos; mientras, la respuesta de gobierno del Estado de Chihuahua, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos, anuncia el reforzamiento del Operativo Juntos por Juárez, que intensifica los patrullajes de la Guardia Nacional, junto con policías federales, estatales y municipales.
Si bien 2020 fue un año duro para la clase trabajadora, las mujeres, obreras en su mayoría, fueron las primeras en denunciar que en las fábricas estaban muriendo las y los obreros contagiados de Covid-19 y que les estaban pagando el 50% del salario al mandarlos a cuarentena. Además de ver cómo las condiciones de trabajo empeoraban y eran las primeras en ser despedidas, fueron las mujeres las que cargaron con el cuidado de personas enfermas y de infantes. En medio de una ofensiva brutal contra las condiciones de vida, la violencia dentro de los hogares aumentó bajo el encierro y frente a este escenario de crisis social.
Esto fue registrado por el aumento de llamadas de auxilio registradas por el gobierno en las líneas de ayuda contra violencia hacia las mujeres. Por si fuera poco, el feminicidio se continúa siendo el flagelo de las pobres y trabajadoras, pues la impunidad, el crimen organizado y la militarización de la ciudad han sido un caldo de cultivo para que las desapariciones de mujeres y feminicidios ahora estén introduciéndose violentamente en centros de trabajo y hogares, además de que han aumentado los feminicidios causados por la acción directa o fuego cruzado de comandos armados.
Apenas en 2021 fueron asesinadas 171 mujeres, otra vez en su mayoría mujeres trabajadoras, que salían de sus casas a sus centros de trabajo, mujeres de colonias periféricas a las que un silbato no fue suficiente para defenderse de la violencia machista.
En lo que va de este “nuevo año”, han asesinado a 10 mujeres, el último de los casos se trata de una pareja de mujeres paseñas de nombres Julissa Ramírez y Nohemí Medina Martínez, que, con poco tiempo de matrimonio, fueron desmembradas y sus restos echados a bolsas negras que fueron esparcidos a lo largo de la carretera Juárez-Porvenir. Un claro crímen de odio lésbico, que demuestra la misoginia y odio LGBT+ que enfrentan las mujeres en Juárez y el estado de Chihuahua y que repudiamos enérgicamente.
Diferentes colectivas de la comunidad LGTB+ han manifestado su repudio a este crimen, que, además, se cometió en el marco de que se cumplen 2 años del feminicidio de Isabel Cabanillas de la Torre, activista de la ciudad, que fue asesinada a balazos en el “corredor seguro para las mujeres”, impulsado desde el Instituto Municipal de las mujeres.
Feminicidios: política de Estado
Apenas hace cuatro días, varios camiones de transporte de personal, carros y tiendas de conveniencia fueron incendiados en diferentes puntos de la ciudad, en hora pico de movimiento de trabajador@s por las avenidas principales; otra vez se vieron por las calles grandes operativos policiacos y de la Guardia Nacional, pero ningún responsable de estos actos. Rápidamente la respuesta del gobierno estatal fue el “Reforzamiento del Operativo Juntos por Juárez”, que es la militarización de la ciudad y el abuso contra los derechos humanos de la clase obrera por parte del Ejército y las policías.
Como han denunciado familiares, activistas y organizaciones en Juárez y a nivel nacional, así como periodistas e investigadoras, el feminicidio en Juárez es un fenómeno asociado con las redes de trata, el crimen organizado, la policía, el ejército y la militarización de una ciudad industrial fronteriza, condiciones que posibilitaron el feminicidio de cientos de mujeres jóvenes trabajadoras, la gran parte obreras de maquila, muchas de Juárez, muchas migrantes, siempre gracias a la inclemencia de los horarios nocturnos de trabajo o de los traslados de madrugada para viajar de casa a donde se labora.
Empezando por los retenes y “revisiones de rutina” del “Operativo Juntos por Juárez”, la militarización de la ciudad es caldo de cultivo para que se lleven a cabo cientos de desapariciones forzadas y feminicidios, como en aquellos años de “guerra contra el narco” que la 4T afirma que se han acabado. Hoy, con la descomposición social y la impunidad, han aumentado los casos de feminicidio por la acción directa o fuego cruzado de comandos armados a plena luz del día.
La patronal y los empresarios saben de la fuerza que radica en las mujeres obreras si logran arrancar la solidaridad de su clase para parar la producción y cambiar sus condiciones de vida, respondiendo con paros y huelgas a la violencia machista y feminicida. El descanso de los empresarios radica en las fuerzas del Estado para evitar que se desarrolle un movimiento de mujeres, masivo, en las calles e independiente del gobierno, que logre alentar las fuerzas de la potente clase obrera en Ciudad Juárez para enfrentar la violencia y la explotación.
Decimos que la violencia es estructural porque el Estado es responsable de reproducir las condiciones y políticas que nos privan de guarderías, estancias infantiles, lavanderías gratuitas para la clase trabajadora, así como de un salario y condiciones laborales dignas, y otros derechos como educación y salud, carencias que se traducen en más trabajo y mayor opresión para las trabajadoras.
Mantener a las mujeres esclavizadas en la maquila y en las tareas domésticas no remuneradas, es una óptima oportunidad para que se siga desarrollando a diferentes niveles la opresión y explotación sobre las mujeres, hay que romper la desorganización y comenzar a organizarse y movilizarse por todos nuestros derechos y para enfrentar la violencia que nos azota.