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Red Internacional

Con la amenaza de un "posible" referendum cada vez más cerca, Rajoy lanza el "Corredor Mediterráneo", uno de los megaproyectos ferroviarios más aclamados por la patronal catalana, como un compromiso prioritario para aumentar la financiación en Cataluña.

Marta ClarBarcelona | @MartaClar1

Martes 28 de marzo de 2017 | Edición del día

El llamado "Corredor Mediterráneo" es un megaproyecto ferroviario que pretende extender una línea de trenes de alta velocidad desde Algeciras hasta Figueres, conectando importantes ciudades en el Estado español como Almería, Murcia, Alicante, Valencia y Barcelona con el resto de Europa usando el ancho de vía europeo. "Un hito histórico" según las calificaciones de grandes empresarios como Joan Roig, presidente de Mercadona o Adolfo Utior de Balearia, que costará más de 51.000 millones de euros, financiados principalmente con fondos públicos.

Este martes 28 de Marzo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acompañado del Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, estaran presentes en Barcelona en una reunión con importantes empresarios de todo el Estado para anunciar el compromiso de "un gran proyecto de inversiones para toda España y para Catalunya" que pondrá en el centro la aceleración de las obras del Corredor Mediterráneo. Recientemente, de la Serna a anunciado que el tramo Tarragona-Vandellós se inaugurará en la primavera del 2018.

Un guiño dirigido al mismo tiempo hacia la patronal catalana que desde hace años exige que se desarrolle este proyecto hasta el final y hacia la Generalitat, después de que el mismo President, Carles Puigdemont dijera que había que empezar a "tejer alianzas imprescindibles" para un proyecto que según Junts Pel Sí es una "máxima prioridad".

Este compromiso llega en el medio de un estancamiento del proceso independentista, al mismo tiempo que el Pdcat y ERC siguen manteniendo tímidamente abierta la amenaza del referendum, pero a la vez ambos descartan cualquier otra vía que no sea la del imposible acuerdo con el Gobierno central.

Por esta vía Rajoy busca frenar el "proceso catalan" abierto en 2012, intentando convencer de su predisposición a aumentar las inversiones en Cataluña y preparando un posible escenario para negociar una mejor financiación catalana, reivindicación histórica de la burguesía catalana, tras unas más que posibles elecciones.

La ejecución de este proyecto de infraestructuras también va dirigido hacia grandes empresarios que llevan desde hace años presionando, como la empresa Baf, la mayor química del mundo que tiene una de sus principales plantas situadas en Tarragona. Erwin Rauhe, consejero delegado de Basf en el Estado español, ya anunció que frenarían las inversiones hasta que no se ejecutaran las obras necesarias que les permitieran llevar sus mercancías hasta Alemania.

Como él, más de 500 empresarios de Catalunya, Almería, Murcia y Valencia en un acto "por el corredor mediterráneo" organizado en Murcia por la Asociación Valenciana de Empresarios, con el apoyo de organizaciones empresariales catalanas como Foment del Treball o Cercle de Economía.

Pero mientras todo esto ocurre, lo cierto es que hoy, a pocos meses del supuesto "referendum o referendum", los presupuestos neoliberales están finalmente aprobados y los principales partidos que lideran el proceso por la autodeterminación siguen concentrados en una pugna interna dirigida hacia ganar fuerzas para unas nuevas elecciones.

La imprecisión sobre la consulta sigue paralizando las calles, mientras avanzan, aunque de forma tensa, los gestos con el Estado. Una situación que tan solo podrá revertirse con la movilización de la clase trabajadora y el pueblo catalán para imponer el derecho a decidir.

De todas formas, la inversión en el Corredor Mediterráneo no da respuesta ni al reclamo de un referéndum, ni tampoco a las necesidades acuciantes de las masas como son trabajo y salarios dignos. Está inversión que será costeada con fondos públicos estará al servicio de aumentar las ganancias de esos 500 empresarios.

El problema que tiene el Gobierno de Rajoy, es que cree que el clamor por el derecho a decidir es la decisión de unas personas que están en la Generalitat. Sin querer ver que es un clamor popular que junta entre 1 y 2 millones de personas. La democracia para ricos del Estado español es tan estrecha que en ella no caben los derechos de las nacionalidades, ni de los trabajadores.




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