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Red Internacional

Economía. Record histórico de crecimiento económico: Chile creció un 11,7% el 2021 ¿A dónde va la riqueza?

Ayer el Banco Central publicó el Informe de Cuentas Nacionales del cuarto trimestre de 2021, reportando que el PIB de Chile se expandió un 11,7% el año pasado, recuperándose de la contracción de un -6,0% del 2020. Es el más alto crecimiento del país desde que se tiene registro. ¿A dónde va la riqueza?

Domingo 20 de marzo | 10:53

Según el informe, este crecimiento se debería a la la apertura gradual de la economía tras los primeros meses de pandemia, y al aumento de la demanda interna con las medidas económicas de apoyo a los hogares y empresas, y a los retiros parciales de los fondos previsionales.

Las actividades de mayor incidencia en el crecimiento fueron el comercio y los servicios personales, que crecieron un 22,6% y un 22,4% respectivamente. Destacaron el crecimiento las actividades de restaurantes y hoteles (33,9%), construcción (13,6%), transporte (12,9%) y servicios empresariales (11,0%). La minería fue el único sector que exhibió una contracción en el período (-0,6%).

El reporte señala que el crecimiento “estuvo liderado por una expansión de la demanda interna, reflejo del dinamismo en el consumo de los hogares y la inversión”. El año pasado la demanda interna creció un 21,6%, mientras que el consumo total se expandió un 18,2%. Solo el consumo de los hogares chilenos se expandió vertiginosamente un 20,3%, impulsado por gastos en item servicios -restaurantes y hoteles y salud- y en bienes no durables -vestuario y alimentos-. En cuanto a la inversión, la formación bruta de capital fijo creció 17,6% en 2021. En tanto, las importaciones aumentaron en coherencia con una mayor demanda y las exportaciones se redujeron, ambas con un efecto negativo en el crecimiento.

A continuación la tabla con la evolución de los principales agregados macroeconómicos:

¿Dónde se va la riqueza?

Según el Informe de Desigualdad Global 2022 de World Inequality Lab, la extrema desigualdad en el país se ha mantenido casi invariable desde hace muchas décadas. El 50% de la población adulta percibe solo el 10% de los ingresos totales, mientras que el 10% percibe casi el 60%. En promedio el 50% más pobre percibe ingresos anuales de unos 2,8 millones de pesos, mientras el 10% más rico percibe unos 83 millones, casi 30 veces superior. En cuanto a la riqueza neta, para el 50% más pobre esta es negativa (-0,6%), debido al endeudamiento, mientras que el 10% y 1% más rico posee el 80,4% y 49,6%, respectivamente.

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Según el último reporte de la CEPAL, solo 9 chilenos milmillonarios concentran un patrimonio equivalente al 16,1% del PIB de todo el país. Entre ellos está el ex-presidente Piñera, quien aumentó su patrimonio durante la pandemia.

Los bancos multiplicaron sus utilidades durante el 2021. Según una reciente publicación de Fundación Sol, en un año las instituciones bancarias en un 208,2% sus ganancias con respecto a 2020. En total acumularon ganancias por sobre los 3,8 billones de pesos, equivalente a 10.484 millones diarios.

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¿Y los salarios y las promesas del gobierno?

Para la clase trabajadora en Chile la situación económica no sólo no ha cambiado, sino que ha empeorado. La crisis la ha pagado solo esta clase, no los capitalistas que, lejos de perder, han aumentado su poder económico. Las inyecciones de emergencia (retiros de pensiones, uso de fondos del seguro de desempleo, subsidios a los empleadores, IFE, etc) han sido a costa de los ahorros individuales y de la deuda pública con los bancos. Medidas que tienen un límite y no cambian nada estructural, solo posterga el recrudecimiento de la crisis.

La inflación continúa subiendo los costos de vida. Según la Fundación Sol, en los últimos 12 meses, la alimentación en algunos productos básicos ha aumentado considerablemente, en el aceite un 22%, el azúcar un 16%, las pastas y el pan un 13%. La movilización también aumenta, con la gasolina registrando un 31,3% de aumento, o el transporte interurbano un 61%. El agua también registra un alza de 13% y ad portas de que las frías temperaturas comiencen a sentirse, el gas ya ha registrado un aumento de un 14,1%.

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El salario mínimo legal en Chile es actualmente de 350 mil pesos. En febrero de este año las mismas cifras del gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, calculan la línea de pobreza (sobrevivencia) para un hogar de 4 personas en $500.449. El 50% de los ocupados del país percibe menos de 420 mil pesos líquidos, 7 de cada 10 ocupados menos de 635 mil y el 20,4% más de 850 mil.

El compromiso programático de Apruebo Dignidad y Gabriel Boric es elevar la cifra del salario mínimo para llegar al final del gobierno a 500 mil pesos. Cifra la cual debemos advertir que, si se mantiene la inflación, a fines del 2025 equivaldría a mucho menos en términos reales. Como referencia: con una inflación anual de 5,7%, 500 mil pesos de 4 años más tendría el mismo poder adquisitivo que un salario actual de 400 mil pesos. Febrero cerró ahora con 7,8% de inflación a 12 meses. 400 mil pesos como salario mínimo sería la propuesta que el gobierno enviaría al Congreso para su trámite en abril, como un primer impulso de su programa salarial. Esto según ha trascendido en la prensa, aunque el ministro de hacienda Mario Marcel se ha negado a adelantar montos.

500 mil pesos en 4 años a 5,7% de inflación anual, equivale a 400 mil pesos actuales.

El aumento gradual del salario mínimo podría ir moderándose, como ha sucedido paulatinamente con el programa de Apruebo Dignidad en la Convención Constitucional. Primero podría ser vinculado al desempeño de otros indicadores, con “cláusulas de escape”. Fernando Carmona (PC), coordinador laboral y uno de los encargados del plan de gobierno, dijo que llegar a los 500 mil pesos dependerá “de cómo esté la economía y sus distintas variables que puedan impactar”. También se estaría cocinando, como otros años, un acuerdo de reajuste plurianual para aplicarse durante todo el gobierno. En su elaboración estarían participando también las cúpulas sindicales, como la CUT. Con estos acuerdos en frío el gobierno y los empresarios consiguen un seguro contra la renovación del conflicto año a año, y el peligro de mayores exigencias con manifestaciones, huelgas y métodos de lucha en las calles y puestos de trabajo.

Además, se plantea subsidiar, a costa del tesoro público, a las Pymes para pagar este aumento salarial. Economistas empresariales dicen estar “preocupados” porque el aumento salarial no coincida con la situación actual del empleo. Faltan aún recuperar más de 600 mil empleos perdidos en pandemia, y hay encuestas que hablan de una tasa de desempleo encubierta de 12,9%, peor que en la crisis del 2008. La prioridad, dicen, sería recuperar estos empleos. En otras palabras, que un aumento del mínimo legal sería un obstáculo para explotar a más trabajadores con salarios de hambre. Argumento opuesto tienen contra la rebaja de la jornada máxima, como la de 45 a 40 horas semanales del programa de gobierno: que las empresas tendrían que pagar horas extras o contratar a más trabajadores. Las Pymes no se encontrarían en situación de hacer ni una ni otra cosa. Por eso la única salida que ven a la crisis de empleo y salario generadas por el capitalismo, es que la paguen los trabajadores, no los capitalistas: que se conformen con un “peor es nada” hasta tiempos mejores. ¡Y lo dicen ahora, cuando el país crece!

Recordemos aquí qué son las Pymes. No son, como la propaganda neoliberal ha impreso durante 30 años, las “microempresas”, “microemprendimientos”, cuentapropistas, pequeños comerciantes, locatarios, asociaciones de oficio o profesionales, etc... no son esa cantidad numerosísima de ocupados de diversas categorías, pero cuyo peso en los índices macroeconómicos del país, pese al arduo trabajo, es marginal [1]. Oficialmente hay dos definiciones de Pyme: por número de trabajadores o por ventas anuales. No se toman en cuenta ni sus utilidades ni ningún indicador de la explotación laboral. Según el INE, las pequeñas empresas son las que emplean entre 10 y 49 trabajadores, y las medianas entre 50 y 199. Según la SOFOFA, las pequeñas empresas son las que venden al año entre 2.400 y 25 mil UF (que equivale hoy entre 76 millones y 792 millones de pesos), mientras que las medianas son las que venden hasta 100.000 UF (equivalente hoy a casi 3,2 mil millones de pesos anuales o 265 millones mensuales).

¿Qué proponemos?

Un aumento salarial de 500 mil pesos, incluso de darse hoy mismo, aunque sería un alivio, todavía estaría por debajo de la línea de la pobreza. Es un aumento tan escueto, que el mismo magnate Andrónico Luksic, enemigo declarado de los trabajadores, lo propuso hace más de 2 años durante la Rebelión de Octubre. Además, un aumento del salario no sirve si va detrás del aumento de los precios. Partiendo por exigir que se cumplan al menos las promesas, no hay ninguna razón para que nos conformemos con lo propuesto por el gobierno. Menos aun cuando vemos que los ricos se hacen más ricos.

Es por esto que proponemos comenzar a discutir un salario mínimo de por lo menos 600 mil pesos ahora ya, reajustable automática y mensualmente según la inflación. Frente a la cesantía, proponemos discutir el reparto de las horas de trabajo entre todos quienes puedan trabajar: una jornada laboral máxima de 6 horas y 5 días a la semana (30 horas semanales), sin rebaja de sueldo. Trabajar todos, trabajar menos, debe ser la consigna. Si los empresarios arguyen que sus números no dan, entonces exigiremos que abran sus registros contables. Toda empresa que despida masivamente o cierre debe ser expropiada sin indemnización y pasar a manos de sus trabajadores. A grandes problemas, se necesitan grandes soluciones.

Pero nada de esto podrá ser conquistado esperando al gobierno realice por arriba sus acuerdos de “diálogo social” entre las burocracias sindicales y los gremios empresariales. Para esto hace falta retomar el camino abierto por la Rebelión de Octubre, y organizarse desde las bases para preparar un pliego único para la movilización, en las calles y en los lugares de trabajo.


[1En pandemia el gobierno de Piñera entregó el bono Mypes -no confundir con Pymes-, financiado con la deuda pública a la banca privada, y que excluyó a varios sectores, entre ellos, a los pescadores artesanales, quienes lograron recibirlo luego de una gran lucha.





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