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Red Internacional

REFORMA UNIVERSITARIA. Rectores piden licitar fabricación de la PSU a partir de la nueva ley

El nuevo proyecto de educación superior establece la creación de un sistema de acceso común, el que será administrado por la Subsecretaría de educación, para así lograr la objetividad y transparencia de un instrumento que será obligatorio para todas las universidades, Institutos y cualquier centro de educación superior que reciba aportes del Estado.

Sábado 9 de diciembre de 2017 | 00:44

Esto implicará un cambio con el actual sistema, el que está encargado al Consejo de Rectores (Cruch) y las universidades adscritas a la PSU, y que en el aspecto técnico es elaborada por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la U. de Chile, que recibe un monto de $ 9.000 millones por inscripción de postulantes.

Ante este nuevo escenario los rectores de distintas universidades hicieron sus propuestas, aprovechando de descargar su inconformidad por este beneficio que tiene adscrito la U. de Chile. Su propuesta es garantizar que cualquier confección de prueba estandarizada y cualquier instrumento de medición que se aplique, sean licitados para la participación de mecanismos nacionales e internacionales.
Por otro lado también lamentaron que la administración de un proceso de admisión como la PSU quede en manos de la Subsecretaría de Educacion, “es grave que la responsabilidad de un sistema de admisión esté en manos de un aparato político porque se le puede dar un uso alejado de elementos técnicos”, dijo el rector de la U. Católica del Maule.

De esta manera, los distintos directores que componen el Cruch buscan poder participar del proceso de selección universitaria y con ello recibir parte de los millones que inyecta el Estado cada año. Lo que no se evidencia aún en este conflicto es la innecesaria determinación de mantener un proceso de selección universitaria segregador y excluyente como la Prueba de Selección Universitaria para avanzar a un acceso irrestricto a la Educación Superior como garantía de la Educación como derecho social fundamental.




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