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Reforma en el código de aguas: ¿De quién depende el recurso?

Tuvieron que pasar diez años para que el proyecto de reforma al código de aguas pudiese pasar a la discusión en el Senado. Mientras el saqueo del recurso hídrico sigue operando y lleva a situaciones de sequías a poblaciones completas. Hoy en medio de una Convención en curso y próximas presidenciales, es preciso problematizar si acaso el recurso hídrico depende únicamente de la discusión entre parlamentarios o es que acaso hay otra salida al problema del agua.

Domingo 18 de julio

El código de aguas vigente data desde el 13 de agosto de 1981,en donde se declara el agua como “un bien de uso público” seguido por los derechos de propiedad que se establecieron sobre este recurso y que garantizan la libertad de extracción. Desde ese entonces, a la vez que las empresas privadas ganaron territorio, la relación de la población con el agua se degradó. Fue en 1999 cuando en el gobierno de Eduardo Frei (DC) se empezó a privatizar el agua potable, antecediendo lo que luego serían años de políticas neoliberales y codicia empresarial.

Cabe decir que el año 2011 ingresó esta iniciativa de reforma, presentada en aquel entonces por los diputados del PPD Enrique Jaramillo y Enrique Acoorsi; Roberto León y Patricio Vallespín de la DC; Guillermo Teillier (PC), Alfonso de Urresti (PS), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Fernando Meza (PRSD), Andrea Molina (UDI), Leopoldo Pérez (RN). Luego, el 2016 pasó aprobada por las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Hacienda, y tras varios años vuelve a ponerse en discusión, esta vez en la cámara del Senado.

La vieja cocina parlamentaria y la crisis del agua

Durante los años 2019 y 2020 un total de 136 comunas de Chile fueron declaradas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) como zonas de escasez hídrica, a finales del año 2020 esto significó cerca del 39% de comunas a nivel nacional en esa categoría. Estamos hablando de un contexto de pandemia y miles de muertos a raíz de la negligencia del gobierno, donde el agua no estaba -ni está- garantizada para la población sino más bien para las empresas que siguieron saqueando este recurso a destajo con todo el amparo de la ley, y de la demora de cualquier cambio sustancial en la misma.

Son muchas las ilusiones que el proceso convencional ha sembrado, seguido por un periodo teñido de lo electoral y el debate de programas, pero también surgen dudas y cuestionamientos por las experiencias en materia de reformas donde, tal como en este caso, un proyecto puede tardar décadas.

En este punto surge la pregunta ¿cómo salvar el recurso hídrico? Desde ya existen diversas propuestas planteadas por estudios como “Transición Hídrica: El futuro del agua en Chile”, presentado el 2019 por Fundación Chile, medidas a las cuales los candidatos se pueden ver más o menos cercanos, pero que son casi de simpatía común y que incluyen ejes como: Legislación, protección del ecosistema hídrico, eficiencia del consumo, migración de recursos.

Por más atractivo que pueda sonar, estas propuestas son sólo presentadas “en los marcos del régimen capitalista”, vale decir, en ninguno de los casos estas corrientes se plantean dar el embate con los grandes saqueadores de los recursos naturales en Chile, y en los demás países la situación no es muy diferente. Algunos dirán: por algo se empieza; pero el problema de esta afirmación sin crítica, es que es muy superficial para la urgencia que requiere hoy discutir los caminos más viables para enfrentar la escasez hídrica, ya que esta está íntimamente relacionada con otros problemas y otros recursos.

Por ejemplo, si a finales del 2019 se decía que el 77% del agua (nacional) era utilizada en la industria agrícola y forestal ¿Por qué no cuestionar también el derecho a la propiedad del recurso maderero y de sus tierras? Los responsables directos son las familias más ricas del país, archiconocidos por su rol de contaminantes, los grupos Matte, Angelini, Luksic. Para ellos y sus abogados las vías constitucionales no significan gran peligro.

Muy por el contrario, ha sido la huelga la vía que en distintos momentos de la historia ha hecho retroceder a la clase empresarial. Es por esta razón que la demanda de estatización del agua queda debilitada si no se plantea el fin del Código de Aguas bajo la organización en comités de acción de trabajadores, campesinos y comunidades indígenas. Esta alianza de clase es un primer paso para golpear en el gran punto débil de los empresarios: La producción, y la expropiación del derecho de propiedad y uso de los recursos naturales a las empresas privadas






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