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Red Internacional

Libertad inmediata. "Revisar caso a caso": la frase que pone en duda la libertad de todos los presos políticos

La libertad de los presos políticos de la revuelta es una demanda que condiciona al futuro gobierno de Gabriel Boric por parte del mundo de los derechos humanos y activismo. Se trata del indulto general, impulsado por familiares y amigos de los presos. Sin embargo, la frase de Jackson frente al revisar "caso a caso" abre dudas a la libertad sin condiciones.

Martes 21 de diciembre de 2021 | 10:09

Este lunes Giorgio Jackson (RD), coordinador político de la campaña de Gabriel Boric, señaló que se retirarán todas las querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) presentadas por el gobierno de Piñera en el marco del estallido social, y que posteriormente el Presidente electo afirmara que se revisará “caso a caso” y que “es mejor no anticiparse”. Esto, ante la demanda por la libertad hacia los presos políticos de la revuelta mediante el indulto general, situación que ha marcado una fuerte exigencia hacia Gabriel Boric desde Fabiola Campillay hasta agrupaciones sociales, políticas y barriales.

Camilia Vallejo (PC), integrante del comando de Boric y quien se erige como una carta ministerial, señaló anoche a CNN sobre la situación de los presos políticos: “lo que pasa es que ante la pregunta, nosotros nunca hemos estado por indultar a quienes saquean pymes y toda esta caricatura que se ha hecho de que queremos mantener una suerte de impunidad, entonces yo creo que es para diferenciar eso”.

Luchar por un indulto presidencial para liberar a los presos

Quitar la ley de seguridad interior del estado no significa que los presos políticos sean liberados por sus causas, así lo señaló Tania Parada, pareja de Jordano Santander: "Acá lo hay que exigir es el indulto, el indulto para condenados y para los que tienen prisión preventiva" .

Jordano Santander se encuentra preso desde el 03 de Marzo de 2020 tras una condena por 5 años por homicidio frustrado. No hay pruebas, el argumento es un "ánimo homicida" contra un funcionario de la PDI. Su familia apela a un montaje orquestado por los agentes de Estado. En el transcurso también estuvo acusado por la Ley de Seguridad Interior del Estado la cual se retiró, pero que no pudo retirar las causas que condenaron a Jordano.




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