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Red Internacional

“1600 trabajadores fueron obligados a recurrir al seguro de cesantía amparándose en la denominada Ley de Protección de Empleo, que había sido promulgada sólo un día antes por el Presidente Sebastián Piñera. No hubo pacto ni mutuo acuerdo, fue una imposición del empleador” indicaron las y los trabajadores de la multinacional

Viernes 15 de mayo de 2020 | 20:45

El Sindicato Starbucks, en representación de 680 trabajadores, presentó una demanda contra la multinacional para se declaren ilegales las suspensiones laborales, dado que el trato habría sido de manera unilateral por la empresa, demandando ademas que se les paguen las remuneraciones adeudadas, junto con reintegrar los recursos utilizados desde el seguro de desempleo.

Los trabajadores acusan que el 3 de abril Starbucks informó a baristas y supervisores de la suspensión de su contrato laboral de manera informal en primera instancia vía telefónica y luego por correo.

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La abogada querellante, Wendoling Silva, sostuvo que “la demanda es necesaria porque Starbucks suspendió la relación laboral con sus trabajadores incluso antes de que se publicara la ley y segundo, porque según la normativa no está prohibido su funcionamiento por acto de la autoridad. La ley estipula que a quienes les afecta el acto son aquellas empresas quienes ven impedido o prohibido su desarrollo de actividades totalmente y no es el caso de esta compañía”.

A esto agregó que, “Starbucks lo que ha estado realizando es vender de todas formas en gran parte de sus tiendas de forma habitual o en delivery, por lo que no ha tenido impedimento total. En consecuencia, no podría suspender unilateralmente. Debido a ello, cómo hicieron una suspensión laboral y no corresponde, lo que debe hacer la empresa por lo tanto es pagar la remuneración completa a sus trabajadores”.

Andrés Giordano, presidente del Sindicato de Starbucks, se refirió a la unilateralidad con la que actuó la empresa, pasando por encima del ente representativo de los trabajadores, y el rol que está cumpliendo la Ley de Protección del Trabajo, que desampara a los trabajadores.

"Si la empresa estimaba que estaba tan afectada como para suspender, debió hacerlo a través de un acuerdo con los trabajadores que representamos, previa consulta al sindicato, para lo que nuestra organización manifestó voluntad permanentemente”, indico el dirigente, que agregó que “esta es una pésima ley que ya traslada el costo de esta crisis directamente a las y los trabajadores, pero que además se aplique con abuso sólo para evitar el diálogo con el sindicato, es una práctica antisindical que no podemos permitir”.

Según los cálculos del sindicato los montos adeudados alcanzarían aproximadamente a $243 millones.

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