El gobierno de Piñera adelantó que las cuentas de luz subirán cerca de un 10% desde el 2020. Mientras que el 50 % de los trabajadores chilenos gana menos de $400.000.
Jueves 26 de septiembre de 2019 | 07:34
"Por culpa del dólar", fue la excusa que emanaron desde el gobierno a través del Ministerio de Energía para subir entre un 9 y 10 por ciento las cuentas de la luz para este 2020.
Los nuevo valores comenzarían a regir en enero del próximo año, justificados según el Gobierno por el incremento en el precio del dólar que promedia los 685 pesos en los últimos seis meses, media que consideran los expertos para establecer los ajustes.
La necesidad de un sueldo mínimo acorde a una canasta familiar
Sin embargo, a medida que sube el precio de los servicios básicos y los alimentos, los sueldos actuales se mantienen bajo un promedio de ingresos bajo a los $400.000 pesos, según el último estudio de Fundación Sol.
Hoy los gastos de una canasta familiar superan los $450.000 mil pesos, mientras que un sector importante de familias trabajadoras se endeuda para sobrellevar la subsistencia. Es por esto que es urge que los sueldo mínimo sea acorde a las necesidades de las familias trabajadoras y no para las ganancias de un puñado de empresarios.
Renacionalización y estatización de los servicios energéticos bajo la gestión de los trabajadores y consumidores
En Chile, la generación, transmisión y distribución de energía es desarrollado totalmente por empresas privadas, por lo que el Estado se limita a ejercer funciones de regularización, fiscalización y planificación de inversiones en generación y transmisión, aunque en esta última función sólo es una recomendación no forzosa para las empresas.
La posición desde la nacionalización de los recursos naturales, radica bajo el argumento de la exigencia de "un nuevo marco regulatorio donde la soberanía del estado sobre el recurso hídrico regule el operar de la mega industria", el cual sólo hace referencia que los servicios energéticos sean controlados por empresas nacionales, donde no se hace mención hacia el carácter privado o público de su control y administración del recurso.
Por otro lado, quienes sostienen la posición de estatización de los servicios energéticos debe ser público y garantizado por el Estado, expropiando del derecho de propiedad de las empresas privadas. Sin embargo, la demanda de estatización del derecho a la energía queda debilitada si no se plantea bajo la movilización de trabajadores, campesinos pobres, comunidades indígenas y pobladores.
