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Tensión entre Chile y Argentina por la plataforma continental del Atlántico Sur

El Gobierno de Sebastián Piñera publicó dos decretos en los que incluye como parte de la plataforma marítima chilena una porción de la plataforma continental que actualmente es de soberanía argentina. Los anuncios generaron tensiones diplomáticas con el Estado argentino.

Santiago Montag

@SalvadorSoler10

Viernes 3 de septiembre | 09:35

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció mediante dos decretos la intención de su país de “recuperar” un sector de la plataforma continental que actualmente pertenece al Estado Argentino. Esto generó tensiones diplomáticas ya que desde el año 1984, cuando se firmaron los acuerdos de paz con Chile, no había conflictos en relación a la soberanía sobre los territorios.

Piñera quiere reclamar ante la ONU la soberanía chilena sobre un territorio de 5.000 kilómetros cuadrados de la llamada medialuna, que está incluida en la plataforma continental Argentina, también de un sector del espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, además de 1,000 kilómetros cuadrados de una zona de los Hielos Continentales que ya estaba delimitada.

Específicamente, se trata de proyectar su plataforma continental al este del meridiano 67º 16´ 0, lo que contradice el Tratado de Paz y Amistad firmado con Argentina en 1984, como solución al conflicto territorial por el canal de Beagle. Recordemos que ese conflicto fue iniciado entre las dictaduras de Pinochet y Videla en 1978 llevando a ambos países al borde de la guerra.

Desde entonces Argentina presentó proyectos para extender la plataforma continental ante la ONU, los cuales fueron aprobados y publicados entre 2012 y 2016. Chile afirmó que desde el 2009 viene objetando que "tales actos jurídicos son inopinables a la República de Chile ", en resumidas cuentas: se reservaba el derecho de aceptar o no, la extensión de esos límites.

A pesar de los acuerdos bioceánicos basados en diferentes tratados internacionales, Piñera realizó este reclamo y es por eso que el Gobierno chileno actualizó su Carta Náutica sumando 200 millas más hacia el este del límite continental.

La zona en disputa se ha revalorizado tanto como parte del comercio mundial como por sus riquezas y recursos en distintas áreas.

Como ruta comercial por ser una puerta interoceánica entre el Pacifico, Índico y el Atlántico, siendo que actualmente la construcción de enormes barcos graneleros y petroleros genera problemas para atravesar el canal de Panamá.

En cuanto a los recursos se trata de una región que tiene una importante riqueza pesquera de importancia mundial y de gran diversidad (calamar, merluza, krill, algas, moluscos, cetáceos, abadejo, bacalao, entre otros), además de un importante potencial de recursos hidrocarburíferos offshore, y por último los recursos metalíferos de manganeso, cobalto, cobre, hierro, níquel, silicio ferroso, cromo y otros metales, algunos de los cuales son considerados estratégicos y pueden adquirir relevancia en el futuro.

¿Qué busca Piñera?

El gobierno de derecha del presidente Sebastián Piñera viene contra las cuerdas desde el levantamiento popular comenzado en 2019, en medio de la profundización de la crisis económica y sanitaria y, luego de varias derrotas electorales consecutivas de los partidos tradicionales y en particular de la derecha, el país va a las en noviembre para elegir presidente.

Para poder resolver esta situación interna, Piñera, apela a la más baja demagogia nacionalista alentando un conflicto limítrofe buscando la “unidad nacional”, a la cual se han sumado desde partidos de la exConcertación hasta el neorreformista Frente Amplio, y su posición acaba de ser refrendada en el Senado chileno.

La política de Piñera tiene objetivos geopolíticos estratégicos por la cercanía de la plataforma con la Antártida, donde a su vez existen enormes reservas de recursos minerales e hidrocarburíferos. De la misma forma que es un espacio de rutas comerciales.

No sorprende la reapertura de este conflicto marítimo con Argentina, el Gobierno chileno ha comenzado en los últimos años una larga lista de disputas territoriales con los países limítrofes, entre ellos el conflicto con Bolivia por la salida al mar (en el que la Corte de Justicia Internacional falló a favor de Santiago de Chile), y la controversia por el límite marítimo con Perú (saldado a favor de Lima en La Haya), tensando la cuerda entre países dependientes y pobres.

¿Qué dice el Gobierno argentino?

El canciller Felipe Solá, frente a la comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, dijo que "La aspiración que Chile manifiesta extemporáneamente contradice la letra y el espíritu del tratado de paz y amistad de 1984, manifestando una vocación expansiva que Argentina rechaza".

Por el momento se acordó un borrador en el Senado que será aprobado los próximos días cuando se realicen las últimas modificaciones.

"Acá lo que está en juego son 5 mil kilómetros cuadrados de plataforma continental argentina inobjetables, según lo que dice la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), y al mismo tiempo 25 mil kilómetros cuadrados de lecho y subsuelo que forman parte del Patrimonio de la Humanidad, y que Chile con este decreto intempestivo se apropia. Necesitamos que quienes están en funciones piensen sobre el fondo de la cuestión", insistió Felipe Sola durante su exposición ante los senadores.

El Gobierno de Alberto Fernández, que viene golpeado por la crisis económica que afecta a millones de trabajadores y trabajadoras, por el manejo de la pandemia y el escándalo por la foto de festejo en la Quinta de Olivos (casa presidencial) en plena cuarentena, podría también utilizar a su manera un sentimiento nacionalista, en forma defensiva, en medio de las elecciones legislativas.

Sin embargo, aunque se muestre como un defensor de la soberanía frente a Chile, el Gobierno argentino ha pagado en medio de la pandemia miles de millones de dólares en intereses de la fraudulenta deuda externa al FMI, además de entregar los recursos naturales a empresas extranjeras como es el caso de Vaca Muerta, proyecto hidrocarburífero puesto en manos de la multinacional Chevron durante el Gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

Una clase obrera a ambos lados de la frontera

Las castas políticas representantes de las burguesías locales de Argentina y Chile discuten por los límites para explotar los recursos naturales que serán entregados de alguna manera a los bolsillos del imperialismo. Ya sea a través de las mineras que operan en Chile, o con acuerdos con multinacionales como parte de las exigencias del FMI al Gobierno argentino.

Ambos gobiernos y sus clases dominantes son profundamente dependientes y subordinadas a los intereses del gran capital extranjero. En el caso argentino se expresa a través de los pagos de deuda pública a los organismos de crédito internacional como el FMI.

Sea la carta nacionalista jugada por un Piñera en crisis y retirada o la política argentina de un Gobierno que necesita explotar e hipotecar recursos naturales en todo el territorio y su plataforma continental para seguir pagando la ilegítima deuda al FMI, ningún enfrentamiento entre pueblos hermanos es del interés de los trabajadores de uno y otro lado de la frontera.






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