Política Chile

DERECHOS HUMANOS

Toques de queda: inútil medida sanitaria y cortina de humo para la represión

Los toques son parte del paisaje de este Chile post rebelión y pandemia, pero ni el descontento ni el virus están acabados.

Javiera Márquez

Santiago de Chile

Sábado 12 de diciembre de 2020 | 09:56

Con la publicación en el Diario Oficial, el Presidente Sebastián Piñera, junto al Ministro del Interior Víctor Pérez, informaron que el estado preventivo de emergencia se extiende durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 20201. De pronto los toques de queda que enardecieron a todo el país, que salió a las calles a exigir su retirada en octubre de 2019, se convirtieron en parte del paisaje de este Chile post rebelión y pandemia, pero ni el descontento ni el virus están acabados.

En el marco de una actividad de homenaje a los médicos fallecidos por el Coronavirus, Sebastián Piñera hace este anuncio, argumentando que se anticipa a una nueva ola de contagios. Lo que habilita para mantener medidas como las cuarentenas y los toques de queda, herramienta que ha sido un triunfo político para desactivar las movilizaciones en las calles, que sólo fue posible en plena pandemia.

La gran deuda en Derechos Humanos

Recordemos que la primera preocupación del Gobierno fue pintar el monumento a Baquedano apenas había decretado estado de excepción por razones sanitarias en marzo de este año. Con decisión mantuvo esa prepotencia patronal que existe en Chile, una que le da continuidad a las declaraciones como: “Báñese en 3 minutos”, “Bajó el precio de las flores”, “Levántese más temprano”, “¡Cabros, esto no prendió!”. Esa lejanía de la elite se hizo oír esta semana, escuchamos de parte de los políticos del régimen expresiones igual de ajenas a la realidad de ese 93% que no aprueba a Piñera, expresiones que son verdaderos insultos frente a las denuncias hechas en el marco de la conmemoración de los 72 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Mario Desbordes, aseguró que "Si extendemos el estado de excepción, es porque la gente no está cumpliendo. No podemos poner un militar en cada esquina o en cada casa”, reafirmando esa política de militarización, que cobró una nueva víctima de trauma ocular en el centro de Santiago este viernes 11 de diciembre, donde se han reactivado las protestas. Por otra parte, Felipe Guevara calificó de “graves atropellos a los derechos humanos” la quema de 4 buses en el contexto de manifestaciones. Pero la DC no se quedó atrás, Carolina Goic desconoció la existencia de presos políticos, que aproximadamente suman 600, en su mayoría jóvenes.

En los informes de Derechos Humanos, lanzados recientemente de la Universidad Diego Portales y el del Instituto Nacional de Derechos Humanos han señalado que existe una situación excepcional de vulneración de derechos fundamentales a propósito de la represión en la crisis social y la desigualdad que tiene efectos graves y directos en el acceso al derecho a la salud en el contexto de la pandemia, como también se analizó el impacto en la dimensión laboral que se vio fuertemente afectada.

Lo que esos informes revelan es que el problema de la precariedad de la vida de las grandes mayorías trabajadoras han hecho de este periodo de confinamiento obligatorio una larga odisea para llegar a cada fin de mes con sus propias y múltiples tragedias cotidianas.

Una de las críticas que recibió el informe de INDH es la deuda de cifras consolidadas que permitan un panorama de conjunto y señalar responsabilidades políticas respecto a las violaciones cometidas. En ese sentido, se puede interpretar la insistencia en extender el estado de excepción, supuestamente por razones sanitarias, como una cortina de humo para darle continuidad e impunidad a esos crímenes.

Por otra parte, como se señala en el informe de la UDP "La materialización del ejercicio de los Derechos humanos (...) difícilmente sucederá si se mantienen condiciones de desigualdad estructural que alimentan el descontento y el desprestigio de las instituciones”, pero lo que no aclara es que el desprestigio proviene de la naturaleza de los intereses que defiende, que no son los de la mayoría trabajadora, la defensa de los derechos fundamentales, sino los intereses de los 10 grupos económicos de los superricos.

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“Hay plata para los pacos y no para el hospital”

El gobierno con la cooperación pasiva o activa de la oposición mantienen y desconoce la existencia de presos políticos, mientras se profundiza la militarización de las calles. Los argumentos que pone para seguir imponiendo toques de queda y militarización son de carácter sanitario, sin embargo, invirtieron recursos millonarios para la represión y les negaron el Bono Covid a los trabajadores de la Salud y los reprimieron cuando exigieron sus justas demandas en las calles, mientras le daban el bono a las Fuerzas Armadas, a los funcionarios de salud les dieron aplausos y represión, por lo que uno de los gritos de protesta en las calles era “Hay plata para los pacos y no para el hospital”. Definitivamente la preocupación del gobienro no es sanitaria y, evidentemente, no ha sido efectiva, cuando hay más de 15 mil muertos en el país por COVID-19.

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El gobierno impone el distanciamiento social y el confinamiento en un clima represivo a los trabajadores que durante la semana deben trasladarse en transporte saturado, para llegar encerrarse en construcciones deficientes, en condiciones de hacinamiento y precariedad, sin áreas verdes, en un clima de incertidumbre y sobrecarga de trabajo, como tiene que vivir la mayoría de la población en Chile. Responsabiliza al pueblo trabajador que no pertenece a las diez familias dueñas de Chile de necesitar distraerse y descansar o por salir a buscar formas de generar recursos con trabajos informales.

En tanto, mantienen a jóvenes presos políticos de la rebelión de octubre, con medidas preventivas arbitrarias para aleccionar a quienes salgan a protestar, previniendo, así, tener un control represivo para permitir actuar a las trampas del proceso constitucional. Sin embargo, no está todo dicho, nuevas voces de trabajadores y jóvenes se harán parte del proceso constitucional para denunciar las trampas e insistir en la exigencia de juicio y castigo a los violadores de Derechos humanos como lo viene haciendo Dauno Tótoro y Jo Cáceres, referentes del Partido de Trabajadores Revolucionarios.






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