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Red Internacional

Derechos humanos. Torturas durante la revuelta: Cuatro carabineros realizarán reconstitución de escena

Cuatro carabineros son acusados de torturas durante la detención de Ignacio Matus Carrasco, quien fue detenido en las manifestaciones durante la revuelta en la región del Bío Bío.

Lunes 1ro de agosto | 14:23

Este 10 de agosto se realizará la reconstitución de escena en San Pedro de la Paz ante los hechos ocurridos el 21 de octubre del 2019.

Según El Mostrador, al momento de ser detenido Matus Carrasco fue golpeado por otros carabineros, entre ellos uno que le apretó el cuello hasta provocar su desvanecimiento. Inconsciente, la víctima fue arrastrada al interior de la comisaría y, todavía en el suelo, el imputado Muñoz Bastías procedió a colocarle una rodilla en el pecho y a darle golpes de puño en el rostro. Agresión a la que se sumaron otros funcionarios no identificados. Golpiza que le provocó un nuevo desmayo a la víctima y vómitos.

Tras recuperar el conocimiento, Matus Carrasco fue trasladado a constatar lesiones a un servicio de urgencias y, al regresar a la unidad policial, el imputado Muñoz Bastías lo amenazó con imputarle el delito de tenencia de municiones. Amenaza que se concretó, por lo que la víctima fue imputada por el Ministerio Público como autor del delito consumado de porte o tenencia de municiones, abriéndose en su contra una causa penal que lo mantuvo más de cinco meses en prisión preventiva y siete con arresto domiciliario total, hasta que el ente persecutor comunicó, el 14 de diciembre de 2021, la decisión de no perseverar en la investigación por falta de pruebas.

No a la impunidad: juicio y castigo a los violadores de los derechos humanos

En abril de este año el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz dejó sujetos a las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno, prohibición absoluta de acercarse a la víctima y arraigo nacional a los efectivos de Carabineros: Edmundo Alberto Muñoz Bastías (suboficial), Jaime Patricio Mora Zurita (cabo primero), Matías Andrés Arévalo Cid (cabo segundo) y Eduardo Andrés Machuca Alarcón (cabo segundo), imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de torturas agravadas.

Sin embargo, pese a que se procese hacia algunos victimarios de los derechos humanos, el sistema judicial mantiene a los represores en sus puestos de poder y funciones.




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