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Red Internacional

Precarización laboral.Trabajadores de la Municipalidad de Pudahuel interpelan a concejala UDI (Gisela Vila) por oponerse a la mejora de sus condiciones laborales

El pasado 11 de noviembre, durante la sesión de comisión de finanzas enmarcada en el Concejo Municipal, trabajadores de la municipalidad irrumpieron en el Salón Rojo para manifestar su descontento con la medida adoptada por la concejala Gisela Vila, la cual realizó una reclamación frente al tribunal de elecciones regional para frenar la propuesta de planta impulsada por la nueva administración comunal

Martes 16 de noviembre | 06:51

Este conflicto se enmarca en la votación por la aprobación de la modificación de planta, que busca la incorporación de nuevos funcionarios a la municipalidad para mejorar el servicio y atención brindado a la comunidad pudahuelina, además de entregar mayor dignidad a los trabajadores con el escalafón más bajo de sueldo (400 mil pesos), que corresponden al grado 15 y 16, pasándose al grado 14 para incrementar su sueldo en aproximadamente 70 mil pesos. En aquella instancia de votación, hubo 8 concejales a favor y 2 en contra (Gisela Vila y Patricio Cisterna de la DC).

En este contexto, las asociaciones de funcionarios de la Municipalidad de Pudahuel decidieron manifestarse públicamente en contra de una reclamación presentada por la concejala Gisela Vila Ruz, en el Primer Tribunal de Elecciones Regional, la cual alude a un abandono de deberes por parte de los concejales y el alcalde al no presentar todos los antecedentes financieros y presupuestarios auditados, con el fin de identificar posibles irregularidades durante la administración anterior, que sería en su criterio requisito para poder aprobar una propuesta de modificación a la planta municipal.

La planta municipal a modificar data de 1994, es decir, han pasado 27 años sin que se realice una expansión de los funcionarios que trabajan de manera permanente en función de las necesidades y demandas de la población en la comuna. Esto ha llevado, según lo que los mismos trabajadores expresan, a que tengan que desempeñar más funciones que las que les corresponde, no pudiendo dar abasto muchas veces a los requerimientos que vecinos y vecinas de la comuna solicitan. Esta propuesta buscaría crear nuevas unidades especializadas dentro del municipio, para profesionalizar la labor de funcionario y así entregar un servicio de mayor calidad en el territorio.

Las consecuencias del atraso en la aprobación de esta medida, según lo expuesto durante los descargos de los trabajadores, serían; paralizar la óptima gestión del servicio brindado a la comunidad, trabar el progreso en la formación técnica y profesional de funcionarios que se especializan al interior de la municipalidad y amenazar la fuente de empleo de los trabajadores a honorarios y contrata. Esto debido a que, de no aprobarse el presupuesto, se corre el riesgo de despido a aquellos servicios o programas que representan un gasto que, a criterio de cada director de área, escapa a lo que puede sostener el municipio en el tiempo según la recaudación que realiza. Por ello, lo que demandan las asociaciones de trabajadores de la municipalidad es que la concejala Gisela Vila retire la reclamación a fin de dar curso a la nueva modificación.

Se le reclama, además, por un lado, que ha sido la única concejala que se ha mantenido durante toda la pandemia trabajando y recibiendo personas en su casa y no en las dependencias ni oficinas municipales dispuesto para ello (mientras el resto de trabajadores mantienen labores en terreno arriesgando la salud y sanidad mental), que comprometió, por otro lado, su apoyo verbalmente con representante de las asociaciones a la propuesta de nueva planta municipal si estaban la mayoría de los trabajadores a favor, cosa que no cumplió, y que en el 2019 voto a favor de un presupuesto de 13 mil millones de pesos para mantención de luminaria públicas, comprometiendo gran parte del patrimonio municipal en manos de un contrato con privados.

La decisión de la concejala Gisela Vila puede asociarse a la aparición de nuevos escándalos de corrupción y malversación de fondos presentados en diversos municipios (en su mayoría de sectores de derecha, incluidos Vitacura y Las Condes, del mismo sector político de la concejala), buscando un lavado de imagen de su partido a través de la denuncia de abandono de deberes por parte de la nueva administración de Pudahuel, siendo que el propósito de la propuesta es justamente responder al deber y mandato por entregar una atención y servicio de calidad a las necesidades que se presentan en el territorio de Pudahuel y de sus habitantes.

Los representantes de la derecha no tienen problema en entregar recursos, siempre y cuando estén destinados a manos de privados (como el caso de la aprobación de la cuantiosa suma para mantener luminaria a una empresa externa), pero cuando estos se enfocan en dignificar y no seguir precarizando a trabajadores y trabajadoras del sector público, realizan las más sofisticadas labores de fiscalización a fin de entorpecer el fortalecimiento del recurso humano que se encuentra en primera persona respondiendo a las demandas de la población.




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