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Tribunal de Ecuador pidió la captura del expresidente Rafael Correa

Un tribunal de Ecuador confirmó la reciente condena a ocho años de prisión por corrupción y ordenó la captura del expresidente Rafael Correa. El exmandatario igual inscribió su candidatura vicepresidencial en la fórmula liderada por Andrés Aráuz.

Jueves 24 de septiembre | 15:05

La decisión judicial ordena que se cumpla con el fallo, ratificado en última instancia hace 15 días atrás que lo aparta de los comicios de 2021, el cual incluye también la inhabilitación de por vida de Correa a desempeñar cargos por elecciones democráticas. La sentencia era a ocho años de prisión e inhabilitación política "de por vida" por cohecho en el caso "Sobornos 2012-2016".

El exmandatario, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, aspira a participar en los comicios de febrero de 2021, pero se enfrenta al caso "Sobornos", también conocido como caso "Bochornos” por la cantidad de irregularidades y arbitrariedades que se cometieron durante el proceso jucidial. Hablan de una supuesta red de corrupción mediante la cual se habrían recibido "aportes indebidos" en el palacio presidencial de Carondelet, entre 2012 y 2016. El dinero habría ido a financiar de forma irregular al movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht. Más allá de que todos los gobiernos capitalistas utilizan mecanismos de ese estilo para financiarse, en verdad no hubo ninguna prueba sólida en el juicio.

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Correa, solicitó por internet al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de su candidatura a la vicepresidencia, que es llevada en representación de la Alianza Unión por la Esperanza junto al joven economista Andrés Arauz, exministro de Correa proveniente del Movimiento por la Revolución Ciudadana. El ente electoral aún deberá calificar esa postulación dentro de las 48 horas, en caso de encontrar algún impedimento, la Alianza deberá suplantar al candidato.

El CNE, sin embargo, ya está notificado de la ejecución de la condena que acaba prácticamente con la inmunidad que habría logrado Rafael Correa, de ser aceptada su candidatura, y que le permitiría regresar a Ecuador para las elecciones. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, cuestionó en sus redes sociales que el sistema de inscripción de candidaturas permitiera registrar electrónicamente a la fórmula Aráuz-Correa, cuando uno de sus postulantes (Correa) no tiene la calidad de precandidato como manda el reglamento electoral.

Correa fue procesado en su ausencia, y la justicia estableció que Correa y varios de sus excolaboradores, también condenados, recibieron sobornos a cambio de contratos con diversas empresas. Las capturas están vigentes en contra de Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri, José Hidalgo, Víctor Fontana, Édgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, Pedro Verduga, William Phillips Cooper, Rafael Córdova, Teodoro Calle y Mateo Choi. En esta lista, que consta en un informe de la Función Judicial, se ausentan Pamela Martínez, exasesora de Correa y de su colaboradora Laura Terán quienes ayudaron con la Justicia en las investigaciones.

Correa, denunció ser víctima de una persecución política por parte de su ex aliado y actual mandatario Lenín Moreno, cuando fue condenado en primera y segunda instancias (en abril y julio respectivamente) por el delito de cohecho como autor mediato. En el fallo, verdaderamente insólito, se argumentó una “influencia psicológica” en los supuestos sobornos. Sostiene que es inocente y argumenta que fue vinculado al caso por 6000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria y que alega que eran de un préstamo de un fondo de su partido.

Las penas llevan la carátula de peculado (malversación de fondos públicos), cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, lo que significa que en Ecuador son imprescriptibles, lo cuál es condición suficiente para la Justicia para impedir su candidatura eternamente.

La curva ascendente hacia la derecha

Como lo demuestra el llamado de la Unión por la Esperanza a una “Caravana en Defensa de la Democracia”, no hay ninguna intensión de enfrentar el giro a la derecha de Lenín Moreno, que llegó al poder como un “ala moderada” del correísmo en las elecciones de 2017, con el apoyo explícito del propio Correa que pretendía una “continuidad con cambios”, léase más a la derecha.

Desde Bélgica Correa intenta por vías institucionales "hacer frente a la derecha" que él mismo colocó en el poder. Analistas políticos observaron que la inscripción de la fórmula Aráuz-Correa sería parte de una estrategia para que una vez descalificado el exmandatario sea reemplazado por Carlos Rabascall - que tampoco fue oficializado por el organismo- , quien quedaría como el candidato definitivo a la vicepresidencia.

Moreno, al llegar al poder en 2017 giró rápidamente a la derecha, rompió con sus aliados, y comenzó a aplicar una política de corte netamente neoliberal y proimperialista. Enseguida se vio un aumento del autoritarismo del régimen, allí se enmarca la persecución política contra Correa, Glas, y los otros referentes opositores. Este autoritarismo llegó al punto más alto en octubre del 2019 cuando el estallido social contra un paquetazo de ajuste fue sangrientamente reprimido dejando decenas de muertos, heridos y detenidos.

En 2020, Lenín Moreno fue noticia por la desastrosa gestión de la pandemia, con imágenes de muertos en las calles que recorrieron el mundo. La economía está por el piso, se espera que el PBI caiga alrededor de un 10%, y el gobierno descarga la crisis sobre los trabajadores y el pueblo con despidos y recorte de subsidios.

En 2019 el intento de aplicar los planes del FMI terminaron en una rebelión abierta que hizo tambalear a su Gobierno de la que solo pudo salir indemne por un acuerdo con las direcciones campesinas e indígenas.

Es por esto que Moreno volvió a la carga y en agosto firmó un acuerdo de rescate financiero con el FMI por 6.500 millones de dólares. A cambio, se comprometió a una serie de “reformas estructurales” que no fueron especificadas pero que significarán nuevos golpes contra las grandes mayorías, ya sea con ajuste fiscal, flexibilización laboral o apertura económica para mayores negocios de los grandes monopolios.






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