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Red Internacional

Parlamentarias.Valeria Yañez (D13) y Joseffe Cáceres (D12) por una voz de las mujeres trabajadoras al congreso

Reproducimos la columna de opinión de Valeria Yáñez, actriz y trabajadora de la salud, y Joseffe Cáceres, trabajadora del aseo y dirigente sindical de la AFUCH UMCE, quienes analizan las propuestas de los candidatos presidenciales hacia la mujer, y nos dan a conocer sus propias iniciativas.

Sábado 20 de noviembre | 20:52

Se acercan las elecciones este domingo, la discusión ha estado centrada en las presidenciales, donde los diferentes programas de gobierno, en temáticas de género no apuntan a transformaciones profundas hacia las condiciones de las mujeres trabajadoras, en un momento de precarización importante de la vida. Queremos analizar los distintos programas presidenciales respecto a las demandas de las mujeres y diversidades.

El trabajo doméstico y de cuidado, que gratuitamente realizamos de manera abrumadora las mujeres aumentó durante la pandemia, trabajo que según el Banco Central equivale al 21,8% del PIB ampliado, más que el de cualquier actividad económica.

Con sala cunas cerradas, escuela con clases online, sin lugar donde dejar a lxs bebés, con los trabajos más precarios, la cesantía, el confinamiento, entre otras. Han sido un factor de riesgo para que aumentara la violencia hacia las mujeres y cuerpos feminizados y que las mujeres retrocedieramos 10 años en nuestra inserción laboral, donde la brechas salariales se mantienen en un 27% entre mujeres y hombres. Según un informe del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) las mujeres ganamos en promedio (bruto) $474.911 pesos promedio al mes, mientras que los hombres $652.397.

La encuesta Casen reveló que hay más hogares liderados por mujeres, el 73,4% son monoparentales y el 38,5% tienen una mujer como la principal fuente de ingresos.

El Estado ha delegado en las familias y mujeres las labores de cuidado, llevándolo a un plano individual y de lo doméstico, perpetuando la división sexual del trabajo en estereotipos y de género. El trabajo de cuidados, ya sea de personas mayores, enfermos, de la salud, de niñas y niños, ha recaído centralmente en las mujeres, hijas, nueras, nietas, madres, ha deteriorado de forma importante su salud mental, siendo justamente este uno de los factores de riesgo, y las políticas públicas han sido totalmente insuficientes.

Programas presidenciales:

Es en este marco, donde las mujeres nos hemos visto afectadas en mayor medida por las consecuencias adversas de la pandemia, que se levanta un programa como el Kast, que entre sus propuestas, que es una declaración contra los derechos conquistados por el movimiento de mujeres los últimos años, propone la derogación de la Ley de Aborto en tres causales, el Consejo Nacional de la Infancia y la desaparición del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para crear un “Ministerio de la Familia”

De esta forma, la orientación de su programa, relega nuestras demandas y nos plantea un retroceso a la lucha que hemos venido levantado y que quedaron de manifiesto del boom del feminismo y que tras mayo del 2018, que hizo cada vez más patente la necesidad de una política de género en diferentes ámbitos, dejando expuestas las deficiencias a nivel estructural y de la carencia de esta perspectiva en varios aspectos de nuestra sociedad.

En general los demás programas plantean diferentes reformas o nuevas leyes que apunten a una igualdad de género, relacionadas con derechos sexuales y reproductivos, protección y mayor acceso al mercado laboral, entre otras.

En relación al programa de Boric, donde promete integrar una mirada feminista en su proyecto, haciendose cargo de las principales demandas del movimiento de mujeres. Algunas de éstas propuestas toman elementos que ya existen,por ejemplo

Impulsar una Ley Integral de Violencia de Género, que aborde la violencia más allá del actual concepto “intrafamiliar”, cumpla con los estándares de la Convención Belém do Para...)” Publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1998. Es un instrumento específico de protección de los derechos humanos de las mujeres, en el marco del Sistema Interamericano de Protección. Lo anterior no significó grandes cambios, según Ciper durante el 2020 se registró la cifra más alta de femicidios frustrados desde 2013: 151 mujeres fueron víctimas de este crimen, mientras que en 2019 se registraron 109 y en 2018 hubo 121. En suma, en los últimos tres años se han registrado 381 femicidios frustrados.

Los niveles de violencia homicida contra las mujeres persisten sin grandes variaciones, a pesar las políticas para denunciar la violencia de género y las reformas para fortalecer su persecución penal y ampliar la tipificación del delito de femicidio.

El ejemplo anterior solo nos muestra que, si bien leyes de protección significan un avance, no garantizan que con nuevas reformas, las que deberán seguir esperando a eternas votaciones, se pueda terminar con la violencia que sufrimos a diario.

Algo parecido encontramos en el programa de Provoste :Creación de una Política Nacional de Violencia de Género que ponga en el centro la salud mental de la población por sobre las medidas punitivas.

Al revisar el programa de Sichel, busca seguir modificando, en la medida de las posibilidades empresariales, el acceso igualitario al trabajo: “Igualdad de oportunidades y de trato a las mujeres en el mercado laboral: impulsar medidas como modificar el código del trabajo para potenciar componente flexible..”

En el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, hay diferencias muy marcadas en relación a aborto. Desde Meo con:Avanzar en la despenalización del aborto y en garantizar aborto libre, seguro y gratuito. Además, impulsar una ley marco de derechos sexuales y reproductivos ..” Pasando por la opción más moderada de Provoste: “Establecer una Política Nacional de Derechos Sexuales, Reproductivos y No Reproductivos que acompañe durante todo el ciclo vital, con una mirada integral y en conjunto con diferentes áreas…”

Revisando las distintas propuestas, podemos ver que algunas están más acabadas y se refieren al financiamiento necesario, otras son formulaciones más generales. En distinta medida intentan hacerse cargo de la agenda feminista, pero finalmente no tocan un problema estructural que vivimos las mujeres trabajadores, de todas las edades: el trabajo doméstico y cuidados sigue recayendo mayoritariamente en mujeres. Según un estudio de ComunidadMujer del 2020 si se contabilizara el trabajo doméstico no remunerado, aportaría un 21,8 al PIB.

Las mujeres estamos sobrerrepresentadas en las cifras de pobreza, precariedad e informalidad laboral y esto no está separado, por lo tanto, de las condiciones en que se desarrolla nuestro trabajo reproductivo.

Nuestra propuesta:

Ante el debate del trabajo doméstico no remunerado, hay quienes plantean salario universal, nosotras planteamos que justamente tenemos que socializar las labores de cuidado y del trabajo doméstico, para poder terminar de raíz con la opresión y explotación que vivimos las mujeres hoy. Esto no se podría garantizar exclusivamente con leyes, reformas o impuestos estatales, sin necesariamente tocar las ganancias empresariales.

El trabajo doméstico y de cuidado, que implica una doble o tercera jornada laboral para las mujeres y jefas de hogar, tienen que ser reconocido y sociabilizado, lo cual implica la redistribución y reparto de las horas de trabajo, entre trabajadores ocupados y cesantes, con una reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial.

Para terminar con el trabajo precario, que tienen rostro de mujer, luchamos por poner fin al subcontrato, a todo tipo de tercerización laboral y trabajo informal. Igual trabajo, igual salario. Un salario mínimo de $600.000 pesos reajustable automático al IPC.

El trabajo no remunerado es beneficioso para los intereses del empresariado, y por supuesto de sus ganancias, porque obtienen a través de este la reposición de la fuerza de trabajo día a día, y por otro lado, la reproducción de una nueva generación que vendan su fuerza de trabajo. Todas las tareas domésticas apuntan en este sentido, aunque los beneficiarios inmediato de este trabajo es la familia, parejas, hijos, enfermos y ancianos, el beneficiario económico es el empresario, que no se ve en la obligación de pagar estos servicios, haciendo uso de los prejuicios patriarcales contra las mujeres.

Que todas esas actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia –como el aseo personal, el trabajo doméstico, la movilidad esencial de las personas que por su edad, por enfermedad o discapacidad no pueden hacerlo por sus propios medios, sino que dependen de otras personas o instituciones– sean consideradas como una política pública, un derecho para quien lo recibe y un trabajo remunerado para quien lo realiza.

La construcción de barrios sustentables, con establecimientos que cubran las necesidades básicas de la comunidad, como restaurantes con menús económicos o gratuitos, lavanderías públicas, como también parques, campos deportivos, clubes, centros culturales de acceso libre y gratuito; la creación de centros de cuidado infantil universales, con facilidades horarias para las familias que cumplen su jornada laboral con turnos rotativos; centros de día para personas adultas mayores que ofrezcan atención integral a quienes están en situación de dependencia son algunas de las medidas que podrían exigirse en el camino de la socialización del trabajo doméstico y de cuidados. Sacándolo del ámbito privado del hogar, convirtiéndolo en gran parte en servicios públicos de calidad, también podría convertirse en fuente de trabajo asalariado tanto para hombres como mujeres.

Derechos sexuales y reproductivos, como candidatas a diputadas hicimos una declaración ante notario que de salir electas presentaremos el proyecto del aborto legal de nuestras compañeras argentinas:

Ocho claves del proyecto que necesitamos

1. Por el aborto libre, legal, seguro y gratuito que comprenda que es un problema de salud pública y no de creencias religiosas, ético o moral.

2. Toda mujer y persona con capacidad de gestar tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas.

3. El Estado debe garantizar el acceso a la realización de la práctica del aborto en un plazo máximo de 5 días a partir de su requerimiento.

4. Debe garantizarse que en todos los establecimientos de salud, públicos y privados, haya profesionales dispuestos y capaces de proporcionar tales servicios, que estén disponibles en todo momento en las instalaciones para garantizar a sola solicitud la realización de la práctica

5. Sin perjuicio de lo anterior, más allá del plazo establecido para la realización de un aborto, la mujer puede acceder a la interrupción de su embarazo en los casos en que haya habido una violación, se encuentre la madre en riesgo de vida o malformación fetal grave.

6. Para la realización del procedimiento se requiere el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito. Si tiene menos de 13 años de edad, debe contar con su consentimiento y la asistencia de al menos uno de sus tutores o representante legal.

7. Cobertura económica integral de la interrupción legal del embarazo a cargo de la institución de cada afiliada, ya sea pública o privada, que considere acompañamiento psicosocial e integral.

Educación sexual integral para todes, desde la niñez y adolescencia.

8. Que incluya a toda persona con capacidad de gestar.

Para enfrentar la violencia de género proponemos una Ley de Emergencia contra la violencia machista, que sea integral, es decir, que el estado garantice el derecho a la vivienda, con casas de acogida. con profesionales contratadas, con un sueldo mínimo de $600.000 pesos reajustable automáticamente al IPC, con un enfoque preventivo y promocional, financiado con el impuesto progresivo a las grandes fortunas.

Para conquistar una sociedad donde lo productivo y reproductivo sean ámbitos valorados tendremos que enfrentar un sistema patriarcal y capitalista, lo que lograremos solo con nuestras fuerza y organización de las y los trabajadores.

La elección de las parlamentarias este domingo 21 de noviembre daría una señal a la correlación de fuerzas del régimen político, donde justamente la discusión en la Convención Constitucional será de quitar atribuciones a un régimen presidencialista, por tanto la votación por las candidaturas de trabajadores y trabajadores, con un programa para terminar con los privilegios de empresarios, y sus partidos de los 30 años cobra relevancia mayor. Nosotras ponemos nuestras candidaturas y tribunas parlamentaras para dar esta pelea.

Como candidatas feministas y socialistas creemos que tenemos que organizarnos para enfrentar esta nueva crisis que recae especialmente sobre las mujeres trabajadoras, somos las esenciales y nuestra fuerza organizada es imparable.

Con las mujeres trabajadoras al frente, queremos darlo vuelta todo

Vota Mujeres Trabajadoras

Vota Anticapitalista




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