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Red Internacional

Sistema penitenciario. Vecinos de San Miguel se organizan para exigir cierre de la cárcel

El recinto penitenciario, que actualmente funciona como cárcel de mujeres, es recordado por un incendio el año 2000, pero sobre todo por el incendio del 2010 que dejó un saldo de 81 muertos debido a la negligencia de gendarmería. Los vecinos del sector se organizan para exigir el cierre de la cárcel ante la decisión de volver a funcionar como cárcel de hombres pese a que no tiene las condiciones necesarias.

Los vecinos de la comuna de San Miguel se vienen organizando para exigir el cierre de la cárcel del mismo nombre ante la decisión por parte del Ministerio de Justicia de transformar el recinto en un cárcel de hombres.

Recordemos que el lugar viene funcionando desde el año 2010 como un Centro de Detención Preventiva de mujeres, debido a la tragedia ocurrida el año 2010 donde un incendio y la negligencia de gendarmería acabaron con la vida de 81 detenidos. Sin embargo el año 2000 también se registró un incendio, con un saldo fatal de 7 personas, por lo que el recinto viene siendo cuestionado si es que reúne las condiciones para seguir funcionando.

Al conversar con Alejandro Vergara, presidente de la junta de vecinos número 53 de San Miguel, nos comenta que "tuvimos una reunión con la directora del recinto, la sra. Denise Melgarejo, la cual nos confirmó que se tomó la decisión de trasladar a las mujeres a la cárcel de San Joaquín, con el respectivo problema de hacinamiento, para traer hombres de Santiago 1. Y ella nos confirmó también que el recinto no se encontraba en condiciones para eso"

Además del problema respecto a las condiciones del lugar, los propios vecinos están preocupados pues estiman que desde que se transformó en cárcel de mujeres, los delitos en la zona bajaron notablemente, por lo tanto volver a las condiciones anteriores sería un retroceso, a lo que se agrega que de haber un nuevo incendio en el lugar, las casas aledañas entre las que se cuenta un hogar de ancianos y varias casas habitadas por adultos mayores, se encontrarían en peligro por no haber cortafuegos.

Alejandro Vergara comenta al respecto que "invitamos a la alcaldesa recién electa a conversar con los vecinos, pero no asistió ni se excusó al respecto. Nosotros estamos preocupados por la situación, porque queremos que se respeten los derechos de los internos y de los vecinos, y nada de eso está asegurado, así que tendremos que tomar acciones para hacernos escuchar"

La situación es la otra cara del problema judicial y penitenciario en Chile, donde existen presos políticos que se encuentran en este tipo de recintos sin ningún tipo de juicio, se mantienen funcionando a pesar de no tener condiciones apropiadas y en situación de hacinamiento y como en este caso, con el peligro de un nuevo incendio arriesgando a los internos y los propios vecinos, mientras que aquellos condenados por violaciones a los Derechos Humanos se encuentran en verdaderos hoteles de lujo, y los acusados de colusiones, corrupción y fraude al fisco quedan en impunidad o en clases de ética.


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