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REPRESIÓN EN CHILE

Violencia policial: la urgente desmilitarización de la Araucanía y disolución de las FFEE de Carabineros

Hace pocos días el gobierno de Piñera implementó la Ley de Seguridad del Estado bajo el argumento de mayor conflicto en la Araucanía, tras la muerte de Catrillanca y el lonko Juan Mendoza, y el anuncio de movilizaciones de comunidades mapuche. Las autoridades instalan con fuerza un clima represivo, mientras organismos de DDHH denuncian un aumento de la violencia policial en el país.

Martes 8 de enero | 15:59

En septiembre de 2018 el Estado de Chile tuvo que reportar en el informe periódico que entrega al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas los casos de violencia policial por parte de las policías. Según la información dada las cifras ascienden a un total de 802 casos entre 2010 y 2017. Ante esto, la ONU manifestó su preocupación y alerta por el aumento de la violencia señalando “preocupación por los numerosos episodios de brutalidad policial y uso excesivo de las fuerzas de seguridad contra manifestantes” y “abusos policiales a miembros del pueblo mapuche en el marco de allanamientos”.

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), luego de publicar el documento Informe Programa de Derechos Humanos, Función Policial y Orden Público 2016, manifestó su preocupación por la constante violencia policial y el aumento reiterado de las denuncias, principalmente tras movilizaciones sociales. Torturas- como asfixiar con bolsas plásticas, una práctica conocida como “submarino seco”, o introducir abundante agua en la boca de la persona para que se atragante, conocido como “submarino húmedo”-, golpizas, detenciones arbitrarias, ataques en los genitales y desnudos de adolescentes, son algunas de las constantes medidas represivas que aplican Fuerzas Especiales (FFEE) de Carabineros.

Según organismos de DDHH la “fiscalización” a Carabineros tuvo que aumentar tras las masivas movilizaciones estudiantiles del 2011 y, al pasar de los años, la violencia policial no solo se mantuvo, sino que se ha acrecentado con el uso de la fuerza policial y herramientas represivas como gases tóxicos y carros lanza agua con elementos químicos que generan importantes complicaciones a la salud de las personas como “lesiones pulmonares, cutáneas y oculares, morbilidad crónica con alto riesgo de complicaciones y, además, presentan amenazas específicas para la población vulnerable, como son niñas y niños, mujeres y personas afectadas por enfermedades respiratorias, cutáneas y cardiovasculares”.

La fuerte presencia policial se puede observar en cada manifestación social, de estudiantes, de mujeres, y también en huelgas y paros de trabajadores, como fue el reciente paro portuario en Valparaíso donde durante la tercera semana FFEE de Carabineros ingresó violentamente al local del Sindicato de Estibadores, golpeando a trabajadores y llevándose detenidos a 17 de ellos; hecho que fue ampliamente repudiado en redes sociales.

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Si bien, no se trata de la actuación directa de Carabineros, cabe mencionar que en el caso de Valparaíso no solo han ocurrido hechos de fuerte represión policial con FFEE, sino que también en las últimas semanas han sucedido una serie de ataques, amenazas, seguimientos de vehículos sin patente, y golpes por parte de desconocidos en contra de dirigentes sociales, activistas estudiantiles y trabajadores que se vienen organizando y que apoyaron de manera directa la lucha de los portuarios; como es el caso del secretario del Sindicato Starbucks, Antonio Páez, quien fue interceptado y agredido por un sujeto el día jueves 3 de enero en la calle.

“Esta clase de hechos son ataques directos hacia los movimientos sociales, donde grupos o individuos buscan hostigar a quienes venimos dando una férrea pelea en contra de la nefasta política empresarial que precariza a los trabajadores, contamina nuestras comunidades y asesina a quienes luchan, en complicidad con el gobierno del presidente Piñera”, denunció el dirigente.

En respuesta a estos amedrentamientos- alentados por el clima represivo impulsado por el Gobierno- este viernes 4 de enero se realizó una reunión en Valparaíso para impulsar una Coordinación contra la represión, donde asistieron diversas organizaciones de la quinta región.

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Represión contra el pueblo mapuche: Desmilitarización ahora de la Araucanía

Prácticas violentas por parte de la policía son una constante, especialmente hablando de territorio mapuche. Hace casi dos meses fue asesinado el joven comunero mapuche Camilo Catrillanca por policías del Comando Jungla, abriendo la principal crisis política del Gobierno, y hace unos días fue encontrado muerto el lonko Juan Mendoza, generando diversas manifestaciones de las comunidades. La respuesta del Ejecutivo, a través del ministro Chadwick, ha sido aumentar la represión y violencia policial; los allanamientos en comunidades de Ercilla y Temuicuicui y, ahora último, la implementación de la Ley de Seguridad del Estado, creada en Dictadura: “Queremos tener una respuesta que sea eficiente en control de orden Público. Lo hacemos en la Araucanía y en cualquier lugar que se produzcan este tipo de hechos”, manifestó Chadwick este jueves.

Ante esta situación, se hace urgente exigir la desmilitarización de todo el territorio mapuche, una demanda central que plantean las comunidades, las que deben convivir con la violenta presencia de FFEE de Carabineros y el constante uso de escopetas y otras armas de fuego durante procedimientos policiales que muchas veces terminan en graves atropellos contra las personas, incluidos niños y niñas mapuches, y ancianos. También es fundamental exigir la desmovilización de la policía militarizada, la derogación de la ley antiterrorista, la liberación de los presos políticos mapuche y el derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche. Sobre este último punto, cabe mencionar que la expansión de las relaciones de propiedad capitalistas y la supresión de cualquier derecho de soberanía sobre el territorio de parte de las comunidades a fines del siglo XIX, fueron dos procesos hermanados. Luego, en Dictadura, se tradujo concretamente en el despojo de miles de hectáreas de territorio mapuche.

Lo anterior da cuenta de una política constante y consciente por parte del Estado chileno- mantenida por los gobiernos de la ex Concertación, ex Nueva Mayoría y derecha-, de usurpar los territorios históricos mapuche con el objetivo de resguardar los intereses capitalistas de los empresarios forestales, como los grupos económicos Matte y Angelini, que poseen más de 2 millones de hectáreas en el sur del país, mientras el pueblo mapuche de conjunto posee cerca de 500 mil.

El hecho que exista policía militarizada en territorios del sur del país está directamente relacionado con el tutelaje que realizan estas al negocio capitalista forestal, o si no ¿por qué existe un cuerpo militarizado especial en la Araucanía si no es para resguardar un negocio que choca directamente con el derecho a las tierras ancestrales del pueblo mapuche y a su derecho a la autodeterminación? Es un enfrentamiento histórico y violento perpetrado por el Estado chileno desde los tiempos de la Guerra de la Pacificación, y que en el caso de la Dictadura se profundizó e incluso tomó “aspectos legales” como la creación del decreto 701 en 1974, que fue un regalo a las empresas forestales traducido en subsidios millonarios por parte del Estado; o la parcelación creciente desde 1979 con los decretos 2.568, 2.695 y 2.750 que apuntaban a promover la división de las comunidades y la parcelación de la tierra creciente a fin de suprimir la comunidad como una realidad social y abrirle espacio a un mercado de la tierra.

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No + represión: por la disolución de las FFEE de Carabineros

Las FFEE de Carabineros fueron creadas en 1936 con el objetivo de reprimir las manifestaciones públicas. Es un grupo especializado en control de “muchedumbres”, y manifestantes de toda índole. Sus integrantes tienen la facultad de desplazarse hacia cualquier punto del país para cumplir con su misión de “mantener el orden y la tranquilidad”, y “neutralizar” cualquier actividad que sea considerada como un “problema para mantener el orden público”.

Es decir, es una unidad de Carabineros que no tiene mayor razón de existencia más que la de reprimir cualquier tipo de protesta y manifestación social, y que en el caso del conflicto mapuche adquiere valores mucho más concretos en la política de Estado de militarización y represión constante con las comunidades mapuche en resistencia.

La disolución de las FFEE es una demanda que toma aún más relevancia en el contexto de una fuerte política represiva por parte del Gobierno. Por su parte, la policía no representa ningún interés para la clase trabajadora y sectores populares; su función primordial es reprimir, al mismo tiempo que roban al Estado, realizan montajes y asesinan. ¿Por qué debería continuar una institución como esta? Hay que enfrentarla y pelear por su disolución, empezando por las FFEE.






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