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Red Internacional

Criminalización. ¿Y qué pasó?: La vuelta de chaqueta del PC y el Frente Amplio, pasaron de querer derogar a invocar para encarcelar con la Ley de Seguridad Interior del Estado

Una iniciativa legislativa que fue presentada por sectores del Frente Amplio, Partido Comunista, PPD y PS para derogar el control preventivo de identidad, la Ley anti barricadas y la Ley de seguridad interior del Estado. La cual se encuentra en el primer trámite constitucional y un informe de la Corte Suprema en contra de la medida.

Octavia HernandezProfesora de Pedagogía en Historia y Geografía Ex-Pedagógico.

Viernes 26 de agosto | 07:32

Durante el mes de enero del año 2021, se presentó como “agenda anti represión” a la serie de artículos que buscaba derogar estas tres leyes, por parte de sectores ligados al Frente Amplio y el Partido Comunista. En aquel entonces Maite Orsini de Revolución Democrática declaraba con respecto a estas leyes que: “la existencia de herramientas penales se han utilizado únicamente para neutralizar a los adversarios políticos”, en aquel entonces refiriéndose al gobierno de Sebastián Piñera.

Actualmente el trámite legislativo duerme en el Congreso y se encuentra parado en el primer paso legislativo, a su vez la Corte Suprema presentó un informe que tildó el proyecto como una medida cuestionable. Desde entonces no ha recibido ninguna indicación, ni votación por parte de la comisión constitucional y de la Cámara de Diputados.

La ley de Seguridad del Estado fue invocada por Sebastián Piñera durante el estallido social de octubre de 2019, la cual amparó una serie de violaciones de DD.HH por parte de las fuerzas represivas del Estado como Carabineros y Militares. El actual gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista también invocaron esta ley durante el mes de Abril del presente año, contra la movilización de dueños de camiones y la utilizaron en particular en contra de Héctor Llaitul, extendiendo la querella que ya había dejado plasmada en su contra Sebastián Piñera. En la reciente detención del dirigente mapuche, además Izkia Siches fue la querellante, por medio de esta ley, donde en la audiencia el abogado querellante reconoció que no se le acusa por delitos sino que “por su doctrina política”, convirtiéndose así en el primer preso político del gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista, utilizando esta ley- tal como lo dijo Orsini de RD a comienzos del año pasado- como una herramienta penal, para atacar a adversarios políticos.

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