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Zúñiga y el negligente plan de Piñera: Contraloría revela irregularidades en residencias sanitarias

La Contraloría General de la República publicó un revelador documento en el que devela el desorden “administrativo” que significó la gestión de Arturo Zúñiga al mando de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Junto con los conflictos de intereses y su directa responsabilidad en la fracasada estrategia de Piñera en el manejo sanitario de la pandemia.

Octavia Hernandez

Estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía Ex-Pedagógico.

Jueves 4 de febrero

Es un informe que consta con 67 páginas, en donde la Contraloría expone lo que ya ha sido denunciado a lo largo de la pandemia, tanto por diferentes especialistas como por trabajadores de la salud, respecto a que no existió una estrategia formal para llevar adelante la implementación de las residencias sanitarias, una parte clave en la lucha desplegada contra la pandemia.

El documento detalla que no fue posible identificar la razón que fundamentó la asignación de dicha tarea a la División de Atención Primaria (DIVAP) -perteneciente a la subsecretaría de redes asistenciales-, pese a que se consultó a diversas jefaturas, “quienes manifestaron desconocer o no tener del todo claro tales fundamentos”.

A ello se agrega que no existió una claridad interna para cumplir la implementación de las residencias sanitarias ni se determinó cuáles serían las unidades y funcionarios que finalmente pondrían en marcha el plan de las residencias sanitarias.
“A modo de ejemplo, se verificó mediante la revisión de los antecedentes aportados por funcionarios de la subsecretaría, que un asesor del subsecretario de Redes Asistenciales requirió el pago de una de las residencias sanitarias contratadas por esa entidad, sin que se encontrara debidamente acreditado el cumplimiento de las prestaciones asumidas”, es uno de los párrafos que expone el documento emanado de la investigación de Contraloría.

Además, -agrega el informe- se corroboró que en los procesos de búsqueda y selección de hoteles para el funcionamiento de residencias sanitarias “participaron funcionarios públicos y personal contratado a honorarios ajenos al Ministerio de Salud, sin que se adviertan los fundamentos ni mayores antecedentes que precisen tal intervención”.

Justamente, esa falta de lineamientos derivó -por ejemplo- en lo ocurrido con el Hotel Clínico SPA. Según la investigación del organismo de control, la DIVAP no pudo acreditar la existencia de las 40 habitaciones con baño privado contratadas en el inmueble de Mosqueto 552, Santiago, y su correspondiente destinación a su uso como residencia sanitaria, o que las instalaciones garantizarán las condiciones de aislamiento que se requerían, “toda vez que que el referido edificio tenía uso residencial”.

Más grave aún es que de los 94 huéspedes extranjeros individualizados en el listado referido, “se pudo verificar con los datos proporcionados por la Policía de Investigaciones de Chile que en 56 casos, los registros de esa institución daban cuenta de que la persona informada había abandonado el país antes del periodo del cual habría hecho uso de las instalaciones”.

Dentro de este escándalo se encuentra también el conocido caso de Espacio Riesco, que al inicio de la pandemia fue presentado como una de las residencias sanitarias y centro habilitado para tratamiento de pacientes Covid más auspicioso del país, siendo esto un verdadero fraude, debido a que jamás se implementó, a pesar de pagos y licitaciones millonarias, que Zúñiga hasta el día de hoy no quiere responder.

De hecho, sus declaraciones respecto al oficio emanado por contraloría, se remiten a “culpar” a sectores de la oposición refiriéndose a su “fortaleza como candidato constituyente” para derechamente no responder y eludir su responsabilidad directa, respecto a los fraudes de dinero e implementación de las residencias sanitarias, donde junto con el gobierno de Piñera y el Ministerio de Salud, son directos responsables.

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El manejo de la pandemia tiene otra protagonista: Vacunación masiva.

Este plan de vacunación que ha puesto el Gobierno por delante, se da en el marco de una incesante serie de medidas y protocolos, que amparándose en la restricción de derechos y libertades democráticas, no han hecho sino mantener los contagios, aumentando las cifras tal como se señala más arriba. Claramente la permanente exposición al COVID19 por parte de miles de trabajadoras y trabajadores, quienes mantienen el régimen productivo, a costa de mantener las fortunas de los grandes empresarios, es parte de esto.

Ya la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros (Senafenf), han señalado por medio de un documento que “la vacunación no es un proceso instantáneo y, muy probablemente, éste necesitará de todo 2021 para aspirar a una inmunidad de rebaño, ya que debe alcanzar a un gran porcentaje de la población, donde expertos hablan de unos 15 millones de personas, para llegar a los efectos inmunitarios deseados”, alertando a su vez de la reducción del personal de salud en el actual momento.

Ante el aumento de contagios de COVID-19 y las medidas antiobreras del gobierno, resulta urgente pelear por un plan de emergencia de salud integral a través de una red única de salud, el cual garantice no sólo vacunación gratuita, sino las medidas necesarias hacia trabajadores de la salud y usuarios para paliar la crisis sanitaria.

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