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CONTRAPUNTO
Estado, clases y contrapoder: dilemas de una (no) estrategia
Santiago Lupe | @SantiagoLupeBCN

Ilustración: Diógenes Izquierdo

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El último libro de Emmanuel Rodríguez, “La política contra el Estado. Sobre la política de parte”, presenta el marco teórico en el que se fundamenta uno de los proyectos políticos que busca pensar qué izquierda es necesaria tras el fracaso de la hipótesis Podemos.

Miembro de la Fundación de los Comunes e impulsor de La Bancada Municipalista en Madrid, Emmanuel Rodríguez busca dar fundamentos desde la teoría política a un proyecto que toma la construcción de espacios de autonomía social y política como el centro de su estrategia. Una lectura sugerente e interesante que parte de la defensa abierta del conflicto y la autoorganización. Un elemento tristemente poco habitual en los últimos años, en los que lo que ha primado en buena parte de la izquierda ha sido la apuesta por lo institucional y el abandono de toda transformación por medio de la movilización social.

La propuesta de Rodríguez apuesta por la creación de contrapoderes y rechaza abiertamente la lucha por el poder del Estado, perspectiva que critica a la izquierda de matriz marxista. Algo que no implica, sin embargo, una renuncia a la posible utilización del campo institucional. De hecho, al menos en el terreno municipal, Rodríguez ha sido y es parte de proyectos municipalistas, que han sido considerados como posiciones para favorecer el desarrollo de dichos contrapoderes autónomos que avancen en la disolución o erosión del poder el Estado, o al menos su democratización.

El pecado leninista de la izquierda del siglo XX

Rodríguez parte de un interesante recorrido histórico sobre algunas importantes experiencias de autoorganización del siglo XX, desde los soviets rusos o los consejos obreros de la Revolución alemana, hasta el operaísmo italiano de los 70 o el debate boliviano sobre el papel de las instituciones de los pueblos originarios en los primeros 2000, pasando por las bolsas de trabajo francesas de finales del siglo XIX o el sindicalismo revolucionario de los años 20.

Para el autor, en todos estos hitos se expresó una tensión recurrente entre por un lado las tendencias al surgimiento de una política de clase -definida como “de parte”, es decir independiente de las otras clases y del Estado-, y por otro, las principales corrientes políticas provenientes del socialismo “estatista”, desde Marx o Lasalle, hasta el eurocomunismo y derivados, pasando por la socialdemocracia, el bolchevismo o la III Internacional estalinizada.

Estas corrientes incluirían tanto a las que consideraban que la política de autodeterminación de clase -definida ésta en esos momentos por su ubicación en el mundo del trabajo y constituida como tal en base a su propia experiencia- era una condición necesaria para la conquista del poder del Estado, pero incómoda una vez logrado este objetivo (como el bolchevismo), y aquellas abiertamente enemigas de cualquier política de clase fruto de su integración como gestores de izquierda del mismo Estado capitalista (como la socialdemocracia o el eurocomunismo).

Sin embargo, para Rodríguez, toda la izquierda “estatista” mantiene una concepción común -una “Estatolatría”, concepto con el que define la aspiración a constituir un nuevo Estado o acceder al control del existente- lo que la convierte en enemiga de dicha autodeterminación de clase. Los primeros la desecharían una vez exprimido utilitariamente su potencial de confrontación con el poder constituido, los segundos la combatirían en todo momento.

Sorprende entonces que queden en el mismo saco corrientes tan dispares como aquellas que pasaron a la historia por liquidar a sangre y fuego grandes experiencias de autoorganización como la socialdemocracia (los consejos de la Revolución alemana) o el estalinismo (los comités y milicias de la Revolución española, y previamente los mismos soviets), con quienes hicieron del impulso de estos organismos y su defensa el centro de su estrategia, como Rosa Luxemburgo, el Partido Bolchevique de Lenin y Trotsky o la Oposición de Izquierda dirigida por este último.

Según el autor, estas últimas corrientes, y gran parte de la izquierda revolucionaria del siglo XX, más allá de estar guiadas por una intencionalidad distinta de las abiertamente enemigas de una política de clase, no habrían roto con un pecado “leninista”: aspirar a que los contrapoderes de clase fueran capaces de conformar una nueva soberanía -un doble poder- para enfrentar y doblegar la soberanía constituida, la del Estado capitalista. Esto los habría llevado a subordinar en clave utilitaria la autodeterminación de clase en pos del fin de constituir un nuevo Estado, que, como tal, se convertiría irremediable e inmediatamente en enemigo de toda expresión de autoorganización y las instituciones emergidas durante el proceso. La idea del Partido, en este marco, aparece como un paso y expresión previa a esta oposición a la autoorganización de la clase.

Un balance determinista de la experiencia soviética

Rodríguez aborda la que ha sido hasta ahora la revolución obrera triunfal más importante de la historia, para ofrecernos una interpretación determinista de la degeneración burocrática del Estado soviético. La Revolución rusa contó en los soviets de obreros, campesinos y soldados la palanca fundamental para lograr derrocar el decadente Estado ruso y poner en pie un Estado de nuevo tipo, el primer Estado obrero de la historia. La constitución de los soviets en Estado soviético llevaría inscripta de forma irremediable la posterior burocratización.

Otorga así un carácter casi teleológico a todo intento de confrontación con el poder constituido que implique el objetivo de la toma del poder político y la constitución de un nuevo poder, en este caso de la clase obrera. Así, se torna inevitable, como una norma supra histórica, que el nuevo Estado devore la institucionalidad autodeterminada de clase que lo ha hecho posible.

Para Rodríguez, “el Estado obrero no se construyó a partir de los soviet sino que los engulló. La trampa de la soberanía llevó una y otra vez a su único depositario -el Estado, refundado como socialista- a imponerse sobre toda competencia” [1]. Todo Estado, sin atender ni al sustrato material sobre el que se constituye y sobre todo a las relaciones de clase que expresa, tendería al aplastamiento de los organismos de autodeterminación.

Ni las condiciones materiales, de atraso económico y cultural, ni las consecuencias de la I Guerra Mundial y los tres años de guerra civil, ni la derrota de la Revolución alemana de 1918 y la no expansión de la revolución a otros países centrales, explicarían el debilitamiento de la democracia soviética, el nacimiento de la burocracia estatal y partidaria, y la consolidación del grupo de poder en torno a Stalin. Se cambia el análisis de los conflictos sociales subyacentes por una suerte de causalidad casi natural.

Sorprende especialmente la subvaluación del factor internacional para explicar esta degeneración burocrática. Sin la expansión de la revolución, es decir sin convertir la posición soviética en una “trinchera” de la revolución mundial, no había posibilidad alguna, no solo de avanzar al socialismo, sino siquiera de mantener esa posición que acabaría degenerando o avanzando hacia la restauración del capitalismo. Esa fue una de las batallas de la Oposición de Izquierda, la dirigida contra el “socialismo en un sólo país” de Stalin, que está ausente de las conclusiones de Rodríguez. No obstante, en su defensa de un contrapoder autónomo y particular que, parafraseando a Negri, logre espacios de “comunismo aquí y ahora”, subyace la aún más imposible hipótesis de un socialismo en entidades aún más reducidas que el país, que logren coexistir el Estado y la sociedad capitalista.

Tampoco parecen tener gran importancia otras de las luchas políticas de la Oposición de Izquierda contra la degeneración burocrática, como la defensa del pluripartidismo soviético contra la idea totalitaria del partido único, de la democracia soviética o el control del plan económico por los productores. Se olvida que la reacción antisoviética del estalinismo no se impuso “automáticamente”, sino que debió vencer resistencias y llevar adelante para poder asentarse una enorme persecución, purgas y el establecimiento de un Estado burocrático totalitario como el que representaba la Constitución de la URSS de 1936.

Todo parecía estar ya dictado por la osadía de los bolcheviques de haber aspirado a imponer una nueva soberanía, la que emergía de la condensación de los contrapoderes soviéticos, sobre la soberanía constituida en manos de los herederos del zarismo, la burguesía rusa, sus socios imperialistas y sus agentes dentro del movimiento obrero, los mencheviques y socialrevolucionarios de derecha.

¿Pudo haber revoluciones triunfantes sin toma del poder? El caso, no tratado, de la Revolución española

Si el pecado original “estatista” de la izquierda del siglo XX queda bien identificado, algo más difícil es ver cuál era la alternativa a esa constitución de una nueva soberanía opuesta a la constituida. En el caso de la Revolución rusa, cabría preguntarse si la clase obrera y el campesinado podían, desde la mera existencia de sus organismos de autodeterminación (los soviets), imponer el programa de “pan, paz y tierra” sin llegar a un choque y disputa de soberanías. O si hubiera sido posible defender la expropiación de las tierras a los terratenientes sin el Ejército Rojo. Difícilmente se pueda dar una respuesta positiva a estos interrogantes, con lo que cabe preguntarse ¿deberían entonces haber renunciado a objetivos tan ambiciosos?

Resulta útil recurrir en este punto a las lecciones de otra de las grandes expresiones de autodeterminación de clase del siglo XX y que, sorprendentemente, Rodríguez apenas menciona en su repaso histórico. Nos referimos a la Revolución española, la que muchos consideramos la mayor experiencia de autoorganización y colectivización protagonizada por la clase trabajadora en Europa occidental.

El golpe de Estado fascista de julio de 1936 fue derrotado gracias a la respuesta de la clase trabajadora, convocada por sus propias organizaciones y contra los llamamientos a la calma del Frente Popular. En los días y semanas siguientes emergió una nueva institucionalidad revolucionaria, una gigantesca expresión de autodeterminación de clase: milicias, patrullas de control, comités locales, de abastos, de fábrica, tribunales revolucionarios.

Ante este proceso, las orientaciones de la izquierda ibérica se debatieron en dos sentidos, ambos destinados a bloquear este proceso revolucionario y sus organismos de doble poder o contrapoder. O bien mediante decretos del gobierno central y la Generalitat los integraban y ponían bajo el control del Estado republicano, o, ante la resistencia a aceptar esta neutralización -en especial en Catalunya y el Frente de Aragón- se imponía el poder republicano mediante las botas de la Guardia de Asalto (mayo del 37 en Barcelona) o el Ejército Popular (disolución de las colectividades aragonesas).

La existencia de comités, milicias o el control de la economía productiva y de servicios -no se llegó al de las finanzas-, si bien plasmaron durante unos meses la emergencia de nuevas formas de relación social (el “mundo nuevo”), no pudieron coexistir con un Estado defensor de otro orden social, el capitalista. Las direcciones obreras, incluidas las anarcosindicalistas de la CNT, se negaron desde el principio a que esos contrapoderes se concentraran e impusieran al Estado republicano en crisis. Es más, se sumaron a él por medio del ministerialismo y lo fortalecieron políticamente para terminar de liquidar la revolución y sus instituciones de doble poder.

La derrota de la Revolución española se convirtió en la constatación más clara y trágica de los límites de la autonomía política y social de clase desligada de la lucha por el poder político. Cuando ésta llega a un punto capaz de propiciar transformaciones sociales profundas, el Estado capitalista emplea todos los métodos a su alcance para aplastarla. Incluso, aunque dicha autonomía, mediatizada por las mismas direcciones, no se proponga ir a un choque de soberanías y aunque el aplastamiento de la revolución debilitara al mismo Estado republicano en su lucha contra el golpe fascista.

Una lección que extrajeron también sectores del movimiento libertario, que se habían mantenido en posiciones antiestatistas hasta el contraste de éstas con la realidad. Fue el caso de la agrupación Los Amigos de Durruti, conformada por 4.000 militantes de la CNT y exmilicianos, que frente a la impotencia de los organismos de autodeterminación de clase para imponer un “mundo nuevo” en el marco de la sobrevida del Estado burgués, abogaron por el enfrentamiento con el Estado republicano planteando su derrocamiento y sustitución por una Junta Central Revolucionaria conformada por representantes del campo, las fábricas y el frente.

Lamentablemente, aquellas conclusiones revolucionarias no llegaron a tiempo, desvelando otra gran lección de la derrota del proletariado español en 1937 y que contradice la visión espontaneísta y antipartido que defiende Rodríguez. Podía haber, y hubo, organismos de autodeterminación de clase sin partido revolucionario. Pero éstos no se pudieron imponer al Estado capitalista sin una dirección revolucionaria y la construcción de aquella se demostró una tarea imposible de improvisar en mitad de la batalla.

Una (no) estrategia que conduce a la renuncia creciente de objetivos

Todo este balance del siglo XX conduce a Rodríguez a una conclusión que viene anticipando desde las primeras páginas del libro: la renuncia explícita a la revolución -entendida ésta como un choque definitivo, la derrota del poder constituido y la aspiración a constituir un nuevo modelo de sociedad-. Renuncia que fundamenta en una mezcla de imposibilidad e indeseabilidad a dirigir los esfuerzos emancipatorios a la disputa por la soberanía (el poder político).

Su propuesta niega de entrada el principio de toda estrategia: la articulación de operaciones aisladas hacia la imposición de la voluntad sobre la del enemigo. Este fin último es justamente lo que el autor considera que no estaría planteado. Estamos por lo tanto ante la formulación de una (no) estrategia basada en la renuncia de los fines últimos en pos de evitar el choque entre soberanías, debido al destino predeterminado al que estaría condenada toda nueva intentona de una política de clase que aspire a constituirse en un nuevo poder de los explotados.

Sin embargo, esta renuncia acaba siendo el preludio de una sucesión de abandonos de otros objetivos intermedios, bajo la misma cautela conservadora de esquivar “choques decisivos”. En esta perspectiva, las corrientes autonomistas de los “contrapoderes” terminan confluyendo con la deriva de las corrientes reformistas del siglo XX.

Para Rodríguez “tras el largo siglo XX la forma política de la revolución ya no es concebible como una prueba definitiva, incluso como una serie de pruebas definitivas. Antes bien, la forma política actual parece condenada a una suerte de guerra civil permanente” [2]. Se trataría de desarrollar contrapoderes sociales capaces de erosionar al Estado sin llegar en ningún momento a propiciar un enfrentamiento con el mismo en pos de su derrota. A lo máximo que podría aspirarse, mediante la existencia y acción de estos contrapoderes, sería a “civilizar (democratizar)” dicha guerra civil permanente.

Como hemos visto, por la negativa, esta (no) estrategia encuentra su justificación en las grandes revoluciones del siglo XX que concluyeron en derrotas o en la constitución de regímenes totalmente opuestos a la autodeterminación de clase. Por la positiva, encuentra su afirmación en otras experiencias de política de clase no “estatólatras”, de las que problematiza poco su liquidación por una combinación de cooptación y represión.

Una de ellas son las bolsas del trabajo francesas. Organismos del movimiento obrero galo de finales del siglo XIX que además de actuar como vehículos de reivindicaciones laborales, acabaron gestionando la oferta de empleo de ciudades y regiones enteras. Para Rodríguez serían un ejemplo “de la primacía del logro concreto e inmediato sobre la abstracción de la representación política” [3]. Un movimiento que tiene similitudes con el cooperativismo o las sociedades de apoyo mutuo que surgen junto a las primeras sociedades obreras y sindicatos.

Rodríguez reivindica con este ejemplo la autonomía de la lucha económica y la renuncia a la política del sindicalismo como corriente del movimiento obrero. Sin embargo, la autolimitación de la lucha a la mejora de las relaciones capital-trabajo, terminó conduciendo por distintas vías a una integración en el Estado capitalista.

Primero porque los propios objetivos limitados fortalecían un corporativismo que llevaba a concentrarse cada vez más en la defensa de fundamentalmente aquellos sectores de la clase que se organizaban en los sindicatos. En el caso de los países imperialistas, se acababa haciendo frente común con sus gobiernos y el proyecto colonial, que era el que permitía la concesión de mejoras a los estratos más altos de la clase. Esto podía hacerse tanto abiertamente como por omisión, considerando este un asunto político y por lo tanto ajeno a la clase obrera. En todo caso, todo esto conducía a rehuir cada vez más de los combates decisivos con el Estado, priorizando la conservación de sus propias instituciones y conquistas [4].

Como expresión más conservadora encontramos a los sindicatos de la II Internacional que, llegado el momento, no dudarían en hacer frente común con sus propias burguesías en la primera gran guerra interimperialista junto a los partidos socialdemócratas. Contra ellos cruzaron armas desde el marxismo revolucionario los dirigentes que acabarían siendo parte fundadora de la III Internacional en 1919.

A su izquierda se expresó en el sindicalismo revolucionario, del que Rodríguez da cuenta también en su libro. Las distintas corrientes que lo conformaron terminarían decantando un ala que -en especial tras la Revolución rusa- entenderían que no era posible la emancipación sin la disputa del poder político, y otra que, aunque desde la defensa de la autonomía obrera y el apoliticismo, acabarían llevando adelante una política poco distinguible de la burocracia sindical socialdemócrata. Como mejor ejemplo, de nuevo, la misma dirección cenetista y su ministerialismo en tiempos de revolución.

Otra gran experiencia que toma como referencia por la positiva es la del operaísmo italiano de los años 70. Rodríguez reivindica cómo “durante una década larga, la experiencia italiana ofreció una experiencia de acumulación política continua: crecimiento de las luchas, de los organismos de poder obrero, extensión del conflicto a nuevos sujetos, expansión de las formas de politización sobre toda la superficie social. El operaísmo sirvió de rudimento teórico en las ondulaciones ascendentes de esta progresión. La consigna de la ‘actualidad del comunismo’ hizo de la afirmación de los nuevos poderes y de las nuevas formas de vida un ejercicio inmediato y actual” [5].

Sin embargo, la capacidad para que esta ebullición de contrapoderes pudiera imprimir una transformación social duradera mediante la “pura disolución del poder del Estado”, se mostró una quimera. Nuevamente, el Estado seguía ahí, y los poderes “competidores” fueron liquidados mediante la ofensiva neoliberal y, en especial, la represión contra los sectores más activos. El mismo Rodríguez explica que “el movimiento fue sometido a un fuerte acoso, empujado por la declaración de un cuasi estado de excepción que duraría prácticamente cinco años” y “la restructuración capitalista, iniciada a mediados de la década, puso fin”, para reconocer que “ciertamente, la autonomía italiana contenía en sus premisas una cierta minusvaloración del poder de Estado” [6].

El problema es que esa misma minusvaloración parece reeditarse en la (no) estrategia de Rodríguez para el siglo XXI. O bien considera que ahora sí se podrá llevar adelante esa “disolución” del Estado -justo en medio de los aires reaccionarios al calor de las crisis orgánicas abiertas en los países centrales a partir de la crisis de 2008- o bien, estamos condenados a una renuncia cada vez mayor de objetivos parciales (ya que los finales quedan descartados de entrada) para evitar el choque y “civilizar (democratizar)” la guerra civil permanente a la que estamos condenados.

Traduciendo a lo político... ¿qué clase? ¿qué política de clase?

La vía para recomponer una política de clase en la actualidad parte, para Rodríguez, de una apuesta por la autoorganización de la clase y la recuperación del conflicto con total independencia del poder constituido. Un punto en el que coincidimos, aunque a la hora de pensar la clase a cuya autodeterminación apostamos o el sentido de dicha autodeterminación, emergen en clave de actualidad las diferencias históricas que hemos ido desgranando.

El autor parte de una primera definición de clase que hace hincapié (en clave thompsoniana) en la experiencia común -vivencial y de lucha- de los grupos sociales que terminan por constituirla. A ello le agrega un respaldo a la tesis de desaparición de la centralidad del trabajo como hecho definitorio de dicha experiencia, pasando el eje al terreno de lo identitario o a la emergencia de nuevos movimientos sociales.

El fundamento es una reedición de la “desaparición de la clase obrera” como sujeto. Algo que aparece como un tributo al espíritu de época, que se basa en dar un carácter irrevocable a las consecuencias de la ofensiva neoliberal. Ésta supuso un gran avance en la fragmentación de la clase obrera, la precarización y el pase con “armas y bagajes” de sus direcciones -sobre todo la burocracia sindical- al campo enemigo. El retroceso del movimiento obrero como tal se tradujo en lo ideológico en la idea del fin de la clase obrera como tal y, más aún, como potencial sujeto de transformación social.

Sobre la base de este retroceso objetivo y subjetivo, se fundamenta la renuncia a pelear por una política de clase anclada en las relaciones de explotación. Es decir, dirigir la acción política a la recuperación de la capacidad defensiva de las trabajadoras y los trabajadores desde sus centros de trabajo, no solo tras demandas económicas (sindicalismo), sino como posiciones de lucha privilegiadas para pasar a la ofensiva y enfrentar el orden social y el Estado que lo ampara, elevándose para ello como una clase hegemónica que asume las reivindicaciones del conjunto de los explotados y oprimidos.

Contra esta última idea de hegemonía, Rodríguez hace una reivindicación del particularismo sobre el universalismo. Una política de clase debería ser una política siempre de parte, o más bien casi exclusiva de la parte. Todo proyecto universalizante engendraría el peligro a la disputa por la soberanía y todas sus nefandas consecuencias. Considera pues un error intentar dar una solución de totalidad -por ejemplo, a la actual crisis sistémica-, y apuesta a que el contrapoder se limite a la fundación y afirmación de poderes sociales particulares. Pasa por alto que este particularismo es el preámbulo al corporativismo tan presente en muchos movimientos sociales, especialmente defendido por la burocracia sindical y el mejor facilitador de la labor de división y cooptación del Estado sobre cualquier disidencia.

Tanto el abandono de la pelea por la recomposición subjetiva de la clase obrera, como de toda política de hegemonía, tiene una relación directa con la renuncia creciente de objetivos a la que nos referíamos en el apartado anterior. La negativa a cualquier choque definitivo con el Estado capitalista y a pelear por un proyecto social emancipador para las mayorías, reduce la importancia de la capacidad de fuego de la clase en cuestión.

Si la clase obrera es el sujeto de transformación para el marxismo revolucionario no es por ningún fetiche sobre el trabajo ni un acto de fe. Es una conclusión del análisis de las relaciones sociales y de poder en la sociedad capitalista. La clase obrera es la única clase revolucionaria en potencia, en primer lugar, por su capacidad de paralizar y golpear el centro del poder capitalista. Pero también porque es la única clase que no tienen ningún interés directo en explotar a otras clases, y mediante la lucha por su propia liberación puede generar las condiciones para la liberación del conjunto de la humanidad. Al disponer de las palancas para la construcción de una nueva sociedad basada en la posesión y el control democrático de todo lo producido por la sociedad, la clase obrera puede sentar las bases materiales para proponerse acabar con las diversas formas de opresión, encabezando una alianza con el resto de oprimidos. Esa es su capacidad de fuego.

Si de lo que se trata es de constituir contrapoderes capaces de erosionar o democratizar el Estado, presionarlo y domesticarlo para la obtención de transformaciones parciales y la conquista de espacios de autogestión de algunas parcelas de la vida y las relaciones sociales, los sujetos de la nueva política de clase pueden autolimitar su capacidad de fuego a la presión y disputa controlada de espacios con el poder constituido. Una autocontención que, por otra parte, hace de la posibilidad de cooptación e integración de esos nuevos contrapoderes algo mucho más sencillo.

La apuesta política, en la línea de la Fundación de los Comunes [7] de la que forma parte el autor, sería hoy por hoy sostener y ampliar los contrapoderes, expresión de esa nueva clase en construcción. Que los centros sociales, las cooperativas, colectivos y organizaciones sociales, a la vez que generen espacios de autogestión, puedan articular mediante campañas y movimientos un rol de “lobby” de presión sobre el Estado, empezando por aquellas instituciones, como los llamados “ayuntamientos del cambio”, que supuestamente deberían dar cierta atención a los movimientos sociales en que anclan su base social o electoral. La experiencia de estos cuatro años, sin embargo, más bien indica lo contrario. Los ayuntamientos que se “tomaron” electoralmente sobre la base del poder estatal constituido -el estado capitalista- no fueron desafiados ni horadados por ningún contrapoder, y siguieron defendiendo los intereses de los grandes poderes capitalistas de las metrópolis.

Un proyecto político, finalmente, que se resigna a la aceptación del grueso del status quo, y que autolimita las capacidades transformadoras de una política de clase a objetivos limitados compatibles con una política reformista de presión y negociación desde movimientos sociales particulares. Igual que sucedió con Negri -que pasó de la actualidad del comunismo a apoyar políticamente a gobiernos como los Kirchner en Argentina o Morales en Bolivia-, el contrapoder de Rodríguez conduce en última instancia a una política de ampliación de la democracia en los marcos de dominación vigentes.

Por el contrario, de lo que se trata es de recuperar una política de clase que no renuncie a objetivos, tampoco a los finales. Que se oriente a la pelea por la soberanía (el poder político) desde la posición social objetiva más fuerte que tenemos los explotados y oprimidos, el centro del orden social capitalista. Que la tónica reinante en las filas obreras no es hoy la de autodeterminarse no es ningún secreto. Pero, renunciar de antemano a la pelea por que lo sea es asumir como inamovible una de las victorias de la ofensiva neoliberal.

Una autodeterminación que no puede pensarse en clave particular o corporativa, sino hegemónica, asumiendo el conjunto de las demandas de los oprimidos. Recuperando en definitiva la doble función de los soviets, consejos o comités revolucionarios en su pelea contra el Estado capitalista: autodeterminar a la clase y forjar la alianza con el conjunto de los oprimidos para conformar la capacidad de fuego para derrotarlo. Y al mismo tiempo, que esta misma institucionalidad de los insurrectos sea constitutiva de un nuevo Estado con vocación de extinguirse, que siente las bases de un sistema libre de explotación y opresión, libre de clases y de Estado. No se trata de resignarnos a una civilizar una “guerra civil permanente” en la que tenemos todas las de perder, sino a que la humanidad deje atrás la barbarie y se reconcilie consigo misma.

 
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