En una nueva muestra de discriminación y xenofobia por parte de las instituciones estatales y el gobierno en curso, ciudadanos haitianos residentes en Chile se encuentran en un laberinto legal sin salida por responsabilidad de Extranjería y el Registro Civil. ¡La migración no es un delito, es un derecho humano!
El gobierno vulnera los derechos humanos de los migrantes, entregándoles cargas burocráticas brutales en momentos de reordanamiento de sus vidas en un lugar lejano, escapando de la miseria, y a donde llegan a soport los trabajos mas precarizados, los peor pagados. Cédulas de identidad con vigencia de 1 mes, 2 semanas o apenas 5 días son algunos de los documentos que ha entregado el Registro civil a varios haitianos y haitianas. Incluso, se han negado a entregar algunas cédulas por que están ya vencidas al momento de la entrega. Este es un límite para cualquier tipo de trámite que deseen realizar, tanto como en Extranjería como incluso en algo tan necesario para la obtención de una visa como la firma de un contrato de trabajo.
Según la ley, si la cédula de identidad de una persona extranjera está vencida, Extranjería comienza a cobrar una multa, que aumenta a medida que pasa el tiempo. Después de pagada la multa, las personas disponen de 5 días para realizar los trámites correspondientes, o vuelven al estado anterior. Considerando la cantidad de documentación que se exige para la regularización en el país, como certificados de antecedentes del país de origen (que pueden tardar hasta 6 meses) y el contexto de pandemia, los plazos no se han flexibilizado en función de la necesidad de los migrantes, si no más bien, estos han recibido un golpe tras otro por parte del gobierno y sus instituciones.
Discriminación y violencia institucional y sistemática hacia las comunidades migrantes
Hace menos de un mes, Piñera promulgó la Nueva Ley de Inmigración, con varios voto de la oposición. La académica de la Facultad de ciencias sociales y coordinadora de la Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas, María Emilia Tijoux, en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile sobre el tema, calificó esta ley como "Una ley que más bien expone a las personas migrantes a los abusos, como la trata y el tráfico de personas" por su innegable foco represivo y basado en la premisa de la Ley de Seguridad del Estado. Incluso, organizaciones sociales y parlamentarios de la oposición presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, cosa que aún no ha obtenido frutos.
Pero más allá de esta ley, el gobierno de Piñera tiene una línea de xenofobia bien marcada: retorno "humanitario"; el reciente desalojo de más de 60 familias venezolanas que acampaban en Iquique sin solución alguna; junio del año pasado, más de 300 venezolanos varados en la frontera Chile-Perú por semanas; la muerte de Joane Florvil, de Monise Joseph, y tantos más; los dichos del jefe de Extranjería y del Jefe antidrogas de la PDI que ligan a la migración con la delincuencia y el narcotráfico, alimentando el racismo y la xenofobia; entre otras cosas. Para que hablar de lo invisible que es para este gobierno la precariedad a la que han sido arrojados cientos de miles de migrantes y sus familias a causa de la pandemia y la crisis económica. En especial para la comunidad haitiana en nuestro país que sufre una triple discriminación: racismo, pobreza e idioma.
Es necesaria la garantía de derechos no sólo en lo legal, si no que también en el acceso a salud pan y trabajo de las personas migrantes. ¡Migrar no es delito, es un derecho humano!
