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28 de enero de 2022 Twitter Faceboock

Camioneros
Hasta que lo dijeron: Dirigente camionero acusa a Piñera de haber pedido el Paro de camioneros para aprobar leyes represivas
Ricardo Rebolledo | La Izquierda Diario

Desde el Gobierno negaron dicha información que fue entregada por Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de dueños de camiones, según lo señalado por Sergio Perez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile.

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Habría sido el propio Sebastián Piñera el que solicitó a los camioneros la paralización de actividades que se registró entre fines de agosto y principios de septiembre del año 2020, paralización que tuvo como objetivo el poder impulsar 13 proyectos de leyes represivas y anti mapuche en el Parlamento, entre ellas la denominada Juan Barrios y de control de armas, que fueron la base para sustentar el actual estado de excepción que aún se mantiene en la Araucanía.

Esta información fue dada luego de una reunión con Gabriel Boric, y el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, quien señaló que así lo planteó el presidente de otro de los gremios que reúne a los empresarios del sector, Sergio Pérez, reconocido “vocero” del rubro de camioneros a favor de las leyes represivas y dirigente de dichas paralizaciones.
La acusación provocó reacciones desde el Gobierno, donde el subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavéz, descartó estas afirmaciones.

Dichas paralizaciones, que se dieron durante el segundo semestre de 2020, tuvieron como única finalidad realizar presión para una mayor militarización en territorio mapuche, en donde tenían un programa de exigencia de 13 leyes represivas, en favor de los medianos y pequeños empresarios en territorio mapuche. Esto fue la base para la militarización actual del Wallmapu que Piñera impulsó en la zona, y que ha mantenido en complicidad con sectores de la ex Concertación y del Frente Amplio, en las diferentes votaciones que se han llevado a cabo para extender el estado de excepción en la mal llamada “macro zona sur”.

 
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