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23 de junio de 2021 Twitter Faceboock

PRIVATIZACIÓN
“De las 92 constituciones analizadas, Chile es el único país que consagra de manera explícita la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas”

Lo señala el estudio “Agua y Constitución” que busca investigar cómo se norma este recurso en las constituciones de diversas partes del mundo.

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Según una noticia del diario El Mostrador, un análisis realizado por el Centro de Derecho y Gestión del Agua de la Universidad Católica, estudió varias constituciones del mundo, en particular en tres continentes para documentar las normas que regulan el agua en dichos países (92 naciones, 35 de ellas correspondientes a América, 43 de Europa y 14 de Oceanía).

Se trata del estudio “Agua y Constitución” que busca investigar cómo se norma este recurso en las constituciones de diversas partes del mundo.

Según el estudio, hay 31 países que no tienen ninguna referencia específica y explícita al agua (10 América, 16 Europa y 5 Oceanía), como son los casos de Argentina, Estados Unidos, Dinamarca, Francia, Italia y Suecia. Asimismo, hay 10 países que reconocen expresamente el acceso al agua como derechos humanos (Bolivia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, entre otros).

En el caso chileno, la conclusión es brutal: “De las 92 constituciones analizadas, Chile es el único país que consagra de manera explícita la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. Además, integra la lista de 70 naciones que incluyen el agua en preceptos más genéricos sobre recursos naturales”.

Como han denunciado decenas de organizaciones sociales, en Chile “no hay sequía, hay saqueo” del agua. Y acá no hablamos del mar y sus recursos pesqueros, en manos de “7 familias”, sino del agua potable su acceso, consumo y propiedad. Saqueo en manos de grandes empresarios como la familia Zaldívar, o la propia familia Luksic en el valle del Elqui como fue denunciado hace pocas semanas. Hay que terminar con las privatizaciones de dictadura y democracia, y nacionalizar el agua y todos los recursos naturales y estratégicos, sin indemnización y bajo gestión de trabajadores y comunidades. Los recursos al servicio del pueblo y no de las ganancias de multinacionales y grandes empresas.

 
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