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Iniciativa popular en la Convención: re-nacionalización de la Gran Minería del cobre, del litio y del oro

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En “Iniciativa Popular”, mecanismo que habilito la convención constitucional para que la población levante proyectos a discutir en los plenos del órgano constituyente, se impulsa desde diversas organizaciones, un proyecto por la renacionalización de las empresas de la Gran Minería. Reinstalando el debate de la nacionalización de un recurso estratégico para el país.

Jueves 23 de diciembre de 2021 | Edición del día

Iniciativa Popular es una plataforma que se habilito desde el 22 de noviembre que permite proponer puntos de discusión para la convención constituyente. La o las propuestas que cumplan con (entre otros) el requisito de conseguir 15 mil firmas podrá ser discutida y votada por los 155 constituyentes que conforman la convención.

La iniciativa de Juan Alcayaga, quien es miembro del Comité de defensa y recuperación del cobre, implica la derogación de Normas Permanentes de la Constitución referidas a Minería y bienes comunes, además de disposiciones transitorias; en miras de lograr que todas las grandes empresas de la minería, es decir, las que produzcan sobre 36 mil toneladas, estén en manos del estado.

Entre las organizaciones que respaldan la iniciativa figuran El Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, la ONG Recuperemos el Cobre de Chile, la Coordinadora por la Renacionalización del Cobre y los Bienes Comunes, el Movimiento Internacional de Trabajadores, el Sindicato Nacional Interempresa de la Minería – SIM, el Frente Por la Renacionalización del Cobre, la Fundación Latinoamericana Dr. Salvador Allende, el Movimiento de Refundación gremial y Pedagógica, la Federación de Trabajadores de Call Center y la Asociación de ex Presos Políticos de Chile.

Cuando el cobre era estatal

Fue el 11 de junio de 1971 bajo el gobierno de Allende, cuando Chile había nacionalizado el cobre, pero con pagos millonarios por encima del mercado para comprar las acciones de estas grandes empresas, y que luego con el golpe volvieron.

La experiencia de los 70’ deja en evidencia que la democracia tiene un carácter de clase, y que en este sentido las fuerzas armadas son leales al estado capitalista y al imperialismo, protegiendo su propiedad y fortunas.

¿Se pueden garantizar derechos fundamentales con el impuesto a las grandes mineras?

Con la dictadura, el recurso estratégico de Chile fue privatizado en gran parte, y bajo el gobierno de la ex Concertación, vendido al mejor postor. Hoy el 71% de la producción minera esta privatizada, y el royalty (impuesto a la actividad minera) solo recauda un 0,7% de los ingresos fiscales totales.

Según un estudio de economistas, el estado les habría regalado a las empresas multinacionales, entre 2007 y 2017, más de 120 mil millones de dólares. Dicho estudio solo considera a las primeras diez empresas multinacionales: Anglo American Sur (cuya filial es Londres), Mantos Copper (otra firma británica), Los Pelambres (Antofagasta Minerals posee un 60% de esta empresa, y un 40% pertenece a capitales japoneses), Candelaria (Canadiense), Quebrada Blanca (20% japonesa), Escondida (60% de BHP Billiton, australiano-británica), Collahuasi Anglo (44% de Anglo American, 44% de Glencore con filial en Suiza, 12% Japonesa), Cerro Colorado (de propiedad de BHP Billiton), Zaldívar (50% Antofagasta Minerals y 50% Barrick Gold la empresa minera multinacional más grande del planeta) y El Abra (51% de la norteamericana Phelps Dodge).

Aquí se destaca también que; si esos 120 mil millones se hubiesen invertido como fondos soberanos, hubieran rentado un flujo anual equivalente a todo el gasto público en salud, pudiendo hasta multiplicarla por dos en toda su red asistencial.
Otro ejemplo de la importancia que implica la nacionalización de los recursos naturales la encontramos en las cifras entregadas por el indicador financiero Ebitda, donde se menciona que las ganancias totales solo de minera Escondida (BHP Billinton) equivalen a 3 mil 900 millones de dólares. Y tan solo con el 20% de impuestos a las ganancias anuales de Escondida, se podrían asegurar un sueldo mínimo de 500 mil pesos a toda la población de Antofagasta (emplazamiento de dicha minera)

Son amplios los argumentos que justifican la nacionalización del cobre, pero queda abierto el debate de cómo se conquistará esta nacionalización, ya que la experiencia de los 70’ nos enseñó que, si no se hace en miras de una ruptura definitiva con el capitalismo y el imperialismo, de la mano con la organización y lucha de la clase trabajadora y comunidades; difícilmente se conseguirá. Por lo que iniciativas como la propuesta sobre la renacionalización del “sueldo de chile” son importantes, al instalar el debate en la población. Pero si no está acompañada con un llamado amplio a la población a organizarse y movilizarse para perseguir esta demanda, sera un proyecto para quedarse guardado en un cajón.

Y un ejemplo de la importancia de esto, y de que es posible derrotar la política extractivista de los gobiernos; lo encontramos en el pueblo de Chubut, al otro lado de la cordillera, donde una movilización que tomo el carácter de indefinida, y que fue llevada por pobladores y sectores estratégicos de la economía como los portuarios y sectores marítimos, con una clase trabajadora unificada, lograron triunfar al imponer la derogación del plan de zonificación minera.

Por esto es necesario que la expropiación a los capitalistas multinacionales e imperialistas sea sin ninguna indemnización, porque se han hecho millonarios por años a costa de la destrucción y explotación de trabajadores y ecosistemas; y de la mano de la unidad de la clase trabajadora, poniendo a las industrias a producir bajo control y gestión de sus trabajadoras y trabajadores. En base a una empresa nacional estatal del cobre que ponga por delante el progreso material de las comunidades y que, permita y haga efectivo un desarrollo sustentable y menos contaminante de la actividad minera.





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