Política Chile

Tras casi 11 años de tramitación

Aprobada Reforma al Código de Aguas: mantiene privatización y mercado del recurso vital

Tiempo estimado 10:22 min


Tras casi 11 años de tramitación, el Congreso despachó ayer la Reforma al Código de Aguas. Como una tediosa novela carente de toda épica, pasó sin penas ni glorias, nadie se quejó, nadie aplaudió. El día miércoles fue aprobada en la Cámara de Diputados por 128 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, y el jueves por acuerdo unánime, en modalidad de despacho fácil, sin discusión, en el Senado.

Viernes 14 de enero | Edición del día

Mientras por más de una década distintos movimientos sociales y ambientales han exigido en las calles la derogación del código de la dictadura y no su reforma, el resultado de este largo trámite institucional evidencia cuál era su propósito desde el comienzo: servir como otra ilusión parlamentaria para calmar la impaciencia del pueblo, y conseguir mantener en lo esencial el saqueo del agua, que es uno de los pilares del régimen de los 30 años.

Esta reforma hace un centenar de modificaciones, para actualizarlo a tono con los tiempos actuales. Pero mantiene la privatización y el mercado de los recursos hídricos y de sus instalaciones impuesto por la dictadura, sistema por el cual un puñado de millonarios, sin otro propósito que buscar el propio beneficio, usurpa hasta hoy las aguas, arrasando con estas y con toda la vida que depende de ella. Y sigue regalando el agua a la buena fe de la auto-regulación empresarial, frente a un aparato público subordinado por todas partes a sus intereses, con escaso poder efectivo de fiscalización, y que ha sido desmantelado durante años por los gobiernos neoliberales de la derecha y la ex-concertación.

De fondo, la reforma confirma nuevamente la consagración del derecho de propiedad privada sobre las aguas establecido por el viejo código y enmarcado en la vieja constitución. Principalmente busca proteger los derechos de aprovechamiento otorgados, sin miramiento alguno a un plan social coherente, a cualquiera que solicite título de propiedad sobre una parte de este “bien nacional de uso público” -definición que, vale decir aquí, suele presentarse como si fuera una novedad, ignorando que se trata de algo establecido ya en el código y en la constitución de la dictadura-. Un sistema para que el empresario se pueda hacer de la propiedad de manera tan oportuna como pueda su influencia sobre el papeleo de la burocracia. Se deja así al resultado de la “libre” pugna entre los intereses privados la resolución de una organización económica del agua que supuestamente satisfaga lo que es llamado como "interés común". El estado queda aquí, como antes, limitado a las funciones de filtrar las concesiones de derechos de los propietarios y fiscalizar el cumplimiento de las normas. Labores cuya realización cabal e imparcial resultan hoy imposibles con los insuficientes recursos materiales y humanos con que dispone el aparato público, cuestión que favorece el ejercicio arbitrario de la autoridades designadas para focalizar y parcializar las tareas, así como para destinar parte del financiamiento público a la “colaboración” externa privada y supuestamente “independiente”.

Ahora, si bien esta larga reforma reafirma el carácter sagrado de la propiedad privada del agua, la herejía parlamentaria consistió esta vez en la osadía de arrebatarle, en principio, su eternidad. Los nuevos derechos de aprovechamiento que sean otorgados a partir de ahora ya no serán perpetuos -o “indefinidos”, como dicen algunos-, sino que contarán con una vida de 30 años. El mortal inversionista solo tendrá tres décadas como tope para proyectar, con la seguridad que ofrece la invariabilidad de la ley, el beneficio por sus negocios. Aunque contará, eso sí, con el derecho a solicitar la resurrección de estos derechos cada vez que caduquen. En cuanto a los derechos que ya fueron regalados durante todos los años de frenético acaparamiento empresarial anterior a la nueva ley, se les permite a sus dueños a quedarse ociosos por un plazo máximo de 5 ó 10 años -dependiendo de si son derechos consuntivos o no consuntivos-, pero si demuestran servirles a algún uso, estos derechos no caducarán jamás, y vivirán por los siglos de los siglos.

La reforma también mantiene que los derechos de aprovechamiento otorgados puedan seguir siendo transferibles comercialmente y ser objetos de especulación. El compromiso de los parlamentarios de la ex-concertación, del Frente Amplio y del Partido Comunista, que durante una década nos prometieron en innumerables ocasiones la intransigencia contra la derecha en este punto, lo podemos juzgar hoy con la elocuencia de sus votos. El agua seguirá pudiendo ser comprada y vendida, y no obstante, el estado la seguirá regalando a los empresarios de forma gratuita. En el caso excepcional de que se cumplan todas las condiciones legales y judiciales para el éxito de una expropiación, el propietario privado no pierde: tendrá por ley derecho a una indemnización cobrando el precio del valor comercial y el equivalente a su daño patrimonial ¡y no a la inversa, pagando él a la sociedad por el daño causado! Este concepto de expropiación como compra forzosa está estipulado hoy a nivel constitucional y, lo más seguro, lo seguirá estipulando la nueva constitución, pues el derecho a la indemnización se toma en general en la Convención como un hecho de la causa o, a lo más, y por un reducidísimo sector en su ala más a izquierda, como algo que o bien se está dispuesto a transar o que no merece ser denunciado en primer plano.

Los partidos de Apruebo Dignidad que aprobaron esta reforma en unanimidad junto a la derecha, podrán aducir que, al menos en el papel, hoy le añadieron a este mercado del agua, único en el mundo, una larga lista de condiciones y regulaciones mínimas. Entre las más de 100 modificaciones está, por ejemplo, que el uso del agua para el consumo humano y saneamiento, necesario para asegurar la subsistencia, prevalece por sobre cualquier derecho de aprovechamiento destinado a otro uso. O por ejemplo establece expresamente medidas en situaciones de escasez hídrica, declaradas por el arbitrio monárquico del presidente, o limitaciones para actividades en ciertas zonas de importancia medioambiental, como la prohibición de instalación de drenajes en humedales protegidos. O por ejemplo, a la minería privada concesionada -la cual se proyecta para los próximos gobiernos no solo mantenerla, sino que existe un acuerdo general, desde el PC hasta la derecha, de que sea aún más estimulada y mayormente subsidiada- la obliga de informar respecto del uso de aguas a la Dirección General de Aguas del MOP. Sabiendo nosotros cuanto se apegan los dueños del país a la ley, nos podemos hacer ya una idea de cuánto de todo esto cumplirán.

Por lo demás, estas reglas que el estado de los capitalistas le impone a la clase que sirve, solo se crean para alejar la crisis en la administración de sus negocios comunes y regular la voracidad de su competencia fratricida. Las instituciones de la democracia capitalista, desde la figura presidencial hasta el parlamento, no tienen otra misión que buscar conservar el dominio de esta clase minoritaria que oprime a todo el resto de la sociedad, y defender, con la más cruel violencia si lo precisa, sus lucrativas propiedades. En cambio no existe hoy ni el más mínimo control o facultad de gestión de las aguas, verdaderamente democrática y efectiva, por parte de quienes viven y trabajan en los territorios, ni por la clase explotada por las empresas extractivistas y los grandes propietarios de la tierra y las aguas.

Solo ahora cuando la gravedad de la situación se hace intolerable por sus efectos catastróficos, y suenan todas las alarmas que exigen transformaciones radicales y urgentes, los partidos del orden buscan acelerar hacerles enmiendas a su sistema destructivo. Pero no para ir superándolo, sino para asegurar que este no se desarme. El parlamento acordó la reforma del Código de Aguas pensando seguramente en cómo hacer un cuerpo legal más adecuado a la renovación del régimen que inaugurará la Nueva Constitución. En este sentido debemos tomar esta reforma como un preanuncio de lo que será el alcance del texto constitucional que el régimen proyecta zanjar en aquella tercera cámara, que el parlamento creó a su imagen y semejanza, y que se llama Convención.

En consonancia con esto, advirtamos que en el programa de gobierno de Gabriel Boric y en el de los parlamentarios de Apruebo Dignidad, aun ya desde las primeras campañas políticas y mucho antes de su acelerada moderación, no ha habido nada semejante a ninguna idea de realizar expropiaciones sobre ningún sector estratégico. El agua no ha sido la excepción. El plan económico general del próximo gobierno no se trata de otra cosa que de hacer ciertos cambios en la política de recaudaciones, de la regulación de las concesiones y de los subsidios a las empresas, manteniendo los pilares del régimen neoliberal y de su estado subsidiario.

El respeto por la propiedad privada se mantiene como algo intocable para todos los los partidos que integran hoy el parlamento, incluido el PC y el FA. En el caso de la propiedad del agua, Apruebo Dignidad no cuestiona en ninguna parte siquiera que este sea un bien transable, una mercancía hecha para un saqueo que no tiene parangón en el mundo. En cambio en cada oportunidad les aseguran con insistencia a sus dueños, a los grandes empresarios del país y del extranjero, que si no cometen delitos y cumplen con la ley, no tienen nada que temer. Al contrario de preparar la lucha contra esta clase explotadora y saqueadora, la votación de estos dos días de la Reforma del Código de Aguas es la reafirmación, ante esta misma clase y sus partidos de los 30 años, de que la estrategia neorreformista busca, para no asustarlos, conciliarse con ellos. Bajo un explícito discurso de "unidad nacional", que recuerda cada día más al concertacionista de la Transición y a sus promesas de una "alegría" que nunca llegó, colaboran en la restauración del orden que remeció la Rebelión de Octubre.

Necesitamos construir otra alternativa.





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